SALTA.- (Por Diego Nofal) El proyecto de metales no ferrosos incomoda al diputado libertario. Eduardo Virgili defiende a los acopiadores por encima de las víctimas. Su discurso en la Cámara fue una defensa cerrada del statu quo. “Castigando al comerciante por perseguir un delito”, repitió con énfasis. Para él, la carga burocrática es el verdadero problema. Pero los vecinos de Salta ven otra realidad. Las chatarreras compran material sin preguntar su origen. Eso alimenta el circuito del crimen.
El registro público obligatorio es la herramienta mínima. Virgili lo califica como un “tentáculo del Estado”. Pero el Estado ya regula el comercio de granos, vehículos y joyas. ¿Por qué los metales deberían quedar al margen? “Ustedes no se imaginan el universo enorme que hay fuera de los metales no ferrosos”, argumentó. Sin embargo, ese universo no justifica la falta de control. Al contrario, exige más orden. Un sector enorme sin registro es un paraíso para los ladrones.
La excusa del universo enorme
El diputado planteó que “no corresponde” perseguir al comerciante. Y señaló a la policía como la única responsable. Pero la policía no puede estar en cada compraventa. Necesita un sistema que le avise cuando algo es sospechoso. La trazabilidad no es un castigo. Es un seguro para el propio comerciante. Si un vendedor presenta documentación falsa, el acopiador queda eximido. Sin registro, ambos quedan en la misma nebulosa. La norma aclara esa frontera.
Virgili también habló de la “inviabilidad” por la fundición y la mezcla. “Se compacta, se funde, se mezcla, pierde peso, tiene impureza”, describió. Y preguntó: “¿qué van a decir, tanto por ciento corresponde a tanto?”. Esa objeción es técnica, no política. Se puede resolver con declaraciones juradas de ingreso. El peso exacto no es lo relevante. Lo importante es el origen declarado y el vendedor identificado. Eso ya funciona en el comercio de chatarra ferroso.
El proyecto establece sanciones claras para las infracciones. Virgili dijo que “hay cosas que no están establecidas, como qué sanción le corresponde”. Pero la ley prevé multas y clausuras progresivas. Esas penalidades están en el articulado. El diputado no las mencionó. Prefirió sembrar dudas sobre una supuesta vaguedad. La realidad es que cualquier norma puede perfeccionarse en el debate. Pero oponerse de plano es cerrar la puerta a la solución. Los ciudadanos merecen respuestas urgentes.
“Ojalá esto no termine haciendo el daño que yo creo que va a terminar haciendo”, deseó Virgili. El daño real ya está hecho. Los robos de cables dejan hospitales sin energía. Las escuelas pierden equipos de aire acondicionado. Las familias pagan por reponer medidores. Proteger el negocio de las chatarreras es condenar a los salteños. El control no mata el comercio. Lo limpia y lo hace más confiable. La Cámara debe escuchar a los damnificados, no a los intermediarios.
