SALTA.- (Por Diego Nofal) Salta vive una epidemia de sustracción de metales. Los cables de cobre desaparecen de las rutas y los barrios. Los medidores de gas son violentados en plena noche. Las estatuas y placas de bronce son mutiladas. En este contexto, la Cámara de Diputados trata un proyecto de registro obligatorio. Pero el diputado Eduardo Virgili se opone con fervor. Sus declaraciones fueron reveladoras de una postura extrema. “Si esto se trataba de la principal problemática, quiero entender que es por el tema de los robos de cable”, comenzó. Acto seguido, minimizó el problema.
“Ustedes no se imaginan el universo enorme que hay fuera de los metales no ferrosos”, afirmó. Ese universo incluye todo el comercio legal. Pero la ley no regula ese universo. Solo regula un sector específico y problemático. Virgili desvía la atención hacia otros rubros. Esa táctica es conocida. Cuando no se quiere controlar algo, se alega que hay cosas más grandes. Los vecinos no quieren excusas. Quieren que las chatarrerías dejen de ser el destino final de sus pertenencias robadas.
El proyecto exige que cada compraventa quede asentada. Virgili dijo: “imagínense hoy en Salta, una chatarrería que tiene cientos de kilos de metales”. Y describió el proceso de compactación y fundición. Según él, la trazabilidad es inviable porque el metal se transforma. Pero la trazabilidad no persigue el metal fundido. Persigue al vendedor y la factura de ingreso. Si un chatarrero compra mil kilos de cobre, debe anotar de quién los recibió. Eso no depende del peso final. Es un dato administrativo simple.
El diputado también criticó la falta de especificación de metales. “En otros proyectos si se especifica a qué metales se refiere”, reconoció. Pero la ley de Salta es amplia para abarcar todas las variedades. Eso evita que los delincuentes salten a otro material no listado. La generalidad es una fortaleza, no una debilidad. Virgili pide detalles para después objetarlos. Su estrategia es dilatar y frustrar la sanción. Los salteños no pueden esperar a que se perfeccione el texto.
El registro sería de acceso público y gratuito. Virgili lo tildó de “burocracia innecesaria”. Pero la burocracia también protege. Un comprador puede verificar si el vendedor está inscripto. Un vecino puede denunciar una operación sospechosa. La transparencia desalienta a los ladrones. Virgili, en cambio, prefiere la opacidad. “No me parece que tenga una situación como para permitir que esto pase”, sentenció. Su voto podría frenar una ley que la sociedad reclama.
El valor de la burocracia
“Ojalá esto no termine haciendo el daño que yo creo que va a terminar haciendo”, cerró. El daño ya está hecho con la inseguridad actual. Las empresas eléctricas invierten millones en reponer cables. Los vecinos pagan por nuevos medidores. Las aseguradoras suben las primas. Virgili no propone alternativa. Solo se opone. La Cámara debe recordar que su función es dar soluciones, no blindar intereses particulares. El control de chatarrerías es un paso necesario. Salta no puede darse el lujo de rechazarlo.
