SALTA.- (Por Diego Nofal) Las palabras del diputado Virgili generaron indignación en la sociedad salteña. Mientras los robos de metales crecen, él se preocupa por la burocracia. “Esto es otra muestra clara de la ideología estatista”, dijo al inicio de su alocución. Para él, cualquier regulación es invasión. Pero los hechos son tozudos. Solo en el último mes se denunciaron más de cuarenta sustracciones de cables. Los medidores de gas desaparecen de las viviendas. Las lápidas de bronce son arrancadas de los cementerios. Virgili no mencionó a ninguna víctima.
“No funciona así, no corresponde que sea así”, afirmó descalificando el proyecto. Sin embargo, la norma no cambia el Código Penal. Solo agrega una herramienta administrativa. El acopiador deberá registrar al vendedor y el peso aproximado. Esa información quedará en una base pública. Cualquier ciudadano podrá consultarla. Eso disuade a los compradores de recibir mercadería ilegal. También permite a la justicia actuar con rapidez. Virgili parece ignorar estos beneficios.
El diputado aseguró que “existen las investigaciones, la brigada, la policía”. Pero la policía no tiene recursos para vigilar cada transacción. El registro les da un mapa de quién vende y quién compra. Con ese mapa, las pesquisas se agilizan. Sin él, los ladrones funden el metal y borran las huellas. Virgili prefiere que la policía investigue después del delito. Los vecinos quieren prevenirlo. El control no reemplaza a los detectives. Los complementa y los potencia.
Su defensa de las chatarreras fue explícita. “Castigando al comerciante por perseguir un delito”, se quejó. Pero el comerciante honesto no es castigado. Solo debe llenar un formulario digital. Eso es menos oneroso que perder una carga por decomiso. El verdadero castigo es para el que compra sin preguntar. Virgili confunde al responsable con el colaborador. La trazabilidad aleja a los negocios legales de los ilegales. Eso beneficia a toda la cadena, incluso a los acopiadores.
Opacidad no es libertad
El proyecto establece un registro de acceso público. Virgili objetó la “burocracia innecesaria que va a entorpecer la actividad económica”. Pero la actividad económica no puede basarse en la opacidad. El cobre y el aluminio son recursos valiosos. Su comercialización debe ser tan transparente como la de los autos usados. Nadie reclama estatismo por pedir la cédula de un vehículo. Exigir un comprobante de origen es sentido común. La oposición de Virgili resulta anacrónica.
“No me parece que tenga una situación como para permitir que esto pase”, zanjó. Su voto negativo sería un mensaje nefasto. Los salteños esperan acción contra la inseguridad. Los robos de metales no son un delito menor. Afectan la infraestructura básica y la tranquilidad pública. Virgili pide “reflexión”, pero su reflexión solo mira al comerciante. La sociedad necesita que mire a los damnificados. El control de chatarrerías es una medida justa y necesaria. La Cámara no debe claudicar ante argumentos endebles.
