SALTA.- (Por Diego Nofal) La Cámara de Diputados de Salta debate un proyecto clave contra el robo de metales. La iniciativa crea un registro público obligatorio para acopiadores y comercializadores. Cada operación deberá asentar al proveedor, el peso, el origen y el monto. El objetivo es rastrear cables, medidores de gas y piezas de cementerios. Pero el diputado Eduardo Virgili (La Libertad Avanza) rechaza la norma. Sus argumentos sorprenden a los vecinos que sufren la ola delictiva.
Virgili afirmó: “Esto es otra muestra clara de la ideología estatista, tratando de seguir ampliando los tentáculos del Estado”. El legislador ve controles donde otros ven seguridad. “Si esto se trataba de la principal problemática, quiero entender que es por el tema de los robos de cable”, declaró. Sin embargo, minimiza el daño real. Los robos de cables dejan sin luz a barrios enteros. Las familias pierden el servicio de gas por medidores violentados. Los cementerios sufren el saqueo de placas y bronces.
El proyecto no inventa un delito nuevo. El Código Penal ya castiga la compra de bienes robados. La norma solo refuerza la trazabilidad para probar el origen lícito. Virgili dijo: “¿Qué estamos haciendo? Castigando al comerciante por perseguir un delito”. Esa frase invierte la lógica. No se castiga al comerciante honesto. Se le exige un papel que acredite la procedencia. Eso protege a los compradores de buena fe. También facilita la labor policial.
El diputado sostiene que “no funciona así, no corresponde que sea así”. Y agrega: “para eso existen las investigaciones, la brigada, la policía que debería actuar”. Pero la policía necesita datos rápidos. Sin un registro, es casi imposible rastrear una venta. Las chatarrerías manejan toneladas de metal. Identificar un cable robado entre miles es una tarea titánica. El registro público permitirá cruces inmediatos. Los vecinos exigen resultados, no excusas.
Cuestionamientos técnicos
Virgili también cuestionó la inviabilidad técnica. Dijo: “fíjense la inviabilidad que tiene esto”. Y puso el ejemplo de otras provincias que especifican metales. Pero Salta necesita una herramienta integral. El robo de metales no ferrosos incluye cobre, aluminio, bronce y plomo. Todos están en la mira de los delincuentes. La trazabilidad no exige pesar cada pieza fundida. Solo pide declarar el ingreso y la salida. Eso ya se hace en muchos rubros comerciales.
La oposición al proyecto deja en evidencia una postura peligrosa. Virgili concluyó: “No me parece que tenga una situación como para permitir que esto pase”. Los salteños no pueden esperar más. Cada día se multiplican los hechos delictivos. Las aseguradoras elevan las primas por el riesgo. El comercio legal pierde competitividad frente al ilegal. Controlar las chatarreras no es estatismo. Es poner un freno a la impunidad. La Cámara debe aprobar el registro sin demoras.
