SALTA.- La Cámara de Diputados de Salta impulsa una maniobra que viola la Constitución Provincial. La diputada Laura Cartuccia propone la reelección del auditor Gustavo Ferraris. El artículo 169 de la Constitución Provincial es claro al respecto. Los miembros de la Auditoría General duran ocho años y no pueden ser designados nuevamente. Ferraris ya cumplió su mandato. Fue designado en mayo de 2016 y reelecto en 2021. Ahora la diputada busca extender su permanencia en el cargo. El objetivo no es otro que profundizar la persecución política contra el exgobernador Juan Manuel Urtubey.
Cartuccia justifica su propuesta con argumentos endebles. “A mí lo que me movió a elegirlo al doctor Ferraris es por el trabajo que hizo en cuanto a la investigación del Fondo de Reparación Histórica”, declaró la diputada. “Desenmascaró en realidad una situación del ex gobernador”, agregó. La legisladora no oculta sus intenciones políticas. “Me pareció a mí lo justo que él siguiera investigando esta causa”, sostuvo. Y remató con una frase que delata su verdadero objetivo: “Que Urtubey tenga que pagar las consecuencias de no haber administrado de manera correcta los fondos”. La persecución es confesa.
El artículo 169 de la Constitución de Salta establece un sistema de control. Los auditores deben ser independientes y no pueden perpetuarse en el cargo. La reforma constitucional de 2021 prohibió expresamente la reelección. Ferraris ya ejerció su mandato durante ocho años. Su reelección vulnera el espíritu de la norma. La diputada intenta sortear esta prohibición con una interpretación forzada. “El doctor Ferraris estuvo un par de meses, no estuvo en su función”, argumentó Cartuccia. “Tal vez esto lo faculta a poder ser nuevamente elegido”, especuló. La excusa es tan frágil como evidente.
La auditoría sobre el Fondo de Reparación Histórica ya está en manos de la Justicia. La documentación fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. No hay necesidad de mantener a un auditor con mandato vencido. La insistencia de Cartuccia revela un interés oculto. La diputada quiere asegurarse de que la investigación avance en una dirección determinada. La reelección de Ferraris garantizaría la continuidad de una línea de trabajo que ya fue cuestionada. El propio auditor tuvo serias discrepancias con el informe presentado por otro sector del organismo.
Urtubey rechazó categóricamente el informe de la Auditoría. El exmandatario calificó la auditoría como una maniobra opositora. Aseguró que los recursos se ejecutaron en su totalidad. Los datos presentados son parciales y no reflejan la realidad. La diputada Cartuccia insiste en desconocer estos argumentos. Prefiere mantener viva una causa que ya perdió sustento jurídico. La reelección de Ferraris es el último recurso de una persecución política que no encuentra eco en la ciudadanía.
Un atropello institucional
La provincia de Salta no puede permitir que intereses personales se impongan sobre la ley. La Constitución no admite interpretaciones convenientes. El mandato de los auditores es irrenunciable y su duración está definida. La propuesta de Cartuccia es un atropello institucional. La diputada debe respetar la norma y abandonar su intento de reelección. La persecución contra Urtubey debe terminar. Los salteños merecen instituciones que funcionen con transparencia y sin sesgos políticos.
