SALTA.- (Por Renato Ocampo) La gestión de Emiliano Durand ha decidido que, en la ciudad de Salta, la pobreza es un residuo que debe ser removido para no arruinar la estética del progreso. Este jueves, un violento operativo conjunto entre la Secretaría de Espacios Públicos y la Policía de la Provincia irrumpió en el Canal Yrigoyen, no para ofrecer asistencia social o soluciones habitacionales, sino para «limpiar» a los seres humanos que, ante la ausencia de un Estado protector, han hecho del bajo puente su último refugio. Con un despliegue de fuerza desproporcionado, el Municipio se jactó de haber «demorado» a 17 personas cuyo único delito es pernoctar a la intemperie en una provincia con índices de indigencia alarmantes.
La «gestión del clic» de Emiliano Durand: 17 detenidos y ninguna solución real
Resulta cuestionable y denunciable que el discurso oficial intente equiparar a personas en situación de vulnerabilidad extrema con «microbasurales» o «focos infecciosos». En el parte de prensa municipal, el secretario de Espacios Públicos, Esteban Carral, justificó el despojo asegurando que buscan dar «comodidad y seguridad» a los vecinos, una declaración que sorprende por su falta de humanidad: ¿a qué «vecinos» se refiere cuando deja a 17 salteños sin siquiera un colchón donde apoyar la cabeza? Mientras se retiraban «colchones, restos de madera y residuos», el gobierno municipal celebraba el éxito de una tarea que no soluciona ni las adicciones, ni la inseguridad, ni la falta de empleo; solo esconde el problema debajo de la alfombra del canal.
Este operativo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una estrategia sistemática de desprecio por el más débil. Se trata de un show para redes sociales donde se prioriza la foto de un canal vacío por sobre la dignidad de quienes fueron desalojados sin previo aviso ni destino alternativo. La lógica es clara: para que la nueva terminal de ómnibus luzca «impecable» ante la llegada de la «gente bien», es necesario barrer con todo lo que huela a crisis social. Es el mismo libreto que ya dejó a decenas de familias de vendedores ambulantes sin sustento en los alrededores del predio, priorizando la estética por sobre el derecho al trabajo y a la vida.
A los despojados también debemos sumarle los trabajadores engañados, a quienes les prometieron sostener sus puestos, y fueron despedidos por la antigua administración de la Terminal, que aun navegan en la incertidumbre de no saber que pasara con ellos, mientras recorren los laberintos burocráticos de la Municipalidad y el Concejo Deliberante.
La comisaria mayor Gabriela Zapana confirmó que los detenidos eran señalados como «posibles generadores de ilícitos». Bajo esta premisa de peligrosidad presunta, el gobierno de Salta criminaliza la pobreza. En lugar de enviar equipos interdisciplinarios de salud o asistencia social para tratar problemas de adicciones o vivienda, el Municipio envía a la infantería. Es una política de «maquillaje» urbano que preocupa e impacta negativamente en el tejido social: se gasta más en logística de desalojo que en programas de reinserción.
Finalmente, este accionar revela las verdaderas prioridades de Emiliano Durand. Mientras se llenan la boca hablando de «obras públicas» y «saneamiento», la realidad es que están llevando adelante un proceso de gentrificación forzada. Quieren una ciudad de postal para el turismo y los grandes negocios, donde los vulnerables no tengan lugar ni siquiera bajo un puente. Lo que el Municipio llama «limpieza» es, en realidad, un acto de violencia institucional que rechaza cualquier enfoque de derechos humanos para favorecer un marketing político vacío, construido sobre el despojo de los que menos tienen.
