SALTA – La concejal capitalina Agustina Álvarez cuestionó públicamente al exadministrador del Mercado San Miguel, José “Pepe” Muratore, luego de la inauguración de un nuevo emprendimiento comercial de su propiedad, y puso bajo la lupa el origen de los recursos utilizados para llevar adelante el proyecto.
A través de una publicación en redes sociales, la edil de La Libertad Avanza planteó interrogantes sobre el patrimonio del exfuncionario municipal y vinculó su paso por la administración del mercado municipal con la apertura de su propio establecimiento.
“Muratore pasó de administrar un mercado municipal a inaugurar su propio mercado”, sostuvo Álvarez, quien acompañó el mensaje con emojis de dinero y agregó: “¿Cómo se explica que alguien que estuvo al frente de la administración de un mercado municipal hoy tenga la capacidad económica para desarrollar un emprendimiento de estas características?”
La concejal no presentó en su publicación documentación que acredite la existencia de un delito, pero utilizó el concepto de supuesto enriquecimiento ilícito para cuestionar el crecimiento patrimonial de Muratore y reclamó explicaciones sobre el origen de los fondos.
Críticas al Tribunal de Cuentas
Álvarez también dirigió sus cuestionamientos hacia integrantes del Tribunal de Cuentas que, según señaló, estuvieron presentes durante la inauguración del nuevo mercado.
“Pero hay algo todavía más llamativo: en la inauguración estuvieron presentes miembros del Tribunal de Cuentas, compartiendo abrazos y felicitaciones con Muratore”, afirmó la concejal.
En ese sentido, cuestionó el rol del organismo encargado del control de las cuentas municipales y planteó una contradicción entre su función institucional y la presencia de sus integrantes en el evento. “Las mismas instituciones que deberían garantizar el control y la transparencia”, remarcó Álvarez.
Las declaraciones de la concejal se suman a los cuestionamientos que desde distintos sectores vienen realizando sobre la administración del Mercado San Miguel y el manejo de los recursos públicos. El planteo de Álvarez abre, además, un nuevo interrogante político: si existen elementos que permitan justificar formalmente el patrimonio y la inversión realizada por Muratore en su nuevo emprendimiento.
