SALTA – El Gobierno provincial aprobó un convenio con el Estado nacional para compensar obligaciones recíprocas por más de $265.000 millones, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). El acuerdo incluye el desistimiento del reclamo judicial que la Provincia había iniciado ante la Corte Suprema por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
La decisión marca un cambio en la estrategia de la Provincia frente a los fondos nacionales que dejaron de ser transferidos durante la gestión de Javier Milei. En abril de 2024, Salta había presentado ante la Corte Suprema un amparo contra el Estado nacional y solicitado la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del DNU 280/2024, que eliminó del Presupuesto los recursos destinados al FONID.
El reclamo judicial no se limitaba al incentivo docente. La Provincia también había cuestionado la interrupción de distintas transferencias nacionales y había anticipado que agotaría primero las vías administrativas antes de avanzar judicialmente.
De reclamar ante la Corte a negociar con Nación
El convenio aprobado ahora establece un mecanismo de compensación de deudas entre Salta y el Estado nacional por un monto superior a los $265.000 millones. En ese marco, la Provincia deja sin efecto el reclamo judicial relacionado con el incentivo docente.
El antecedente resulta particularmente relevante porque el FONID fue creado por ley en 1998 y durante más de dos décadas constituyó un componente del salario docente financiado por Nación. En marzo de 2024, el Gobierno nacional dispuso su eliminación y dejó de girar esos recursos a las provincias.
Frente a esa situación, el gobernador Gustavo Sáenz había anunciado en junio de 2024 que Salta continuaría pagando el concepto con fondos propios, aunque bajo la denominación de Compensación Transitoria Docente. El beneficio comenzó a abonarse nuevamente desde julio de ese año e incluía también el componente de conectividad que había dejado de financiar Nación.
El costo para las provincias
El conflicto por el incentivo docente se inscribió en una disputa más amplia entre las provincias y la administración de Milei por la distribución de recursos nacionales. En su discurso ante la Asamblea Legislativa de marzo de 2026, Sáenz cuestionó que las provincias deban afrontar cada vez más responsabilidades con menos recursos provenientes del Estado nacional. Según el gobernador, solamente por coparticipación Salta sufrió durante un año una pérdida de más de $436.000 millones.
En ese mismo mensaje, el mandatario destacó que la Provincia había cerrado 2025 con su sexto año consecutivo de equilibrio fiscal y que la deuda pública había descendido de unos US$640 millones en 2019 a aproximadamente US$346 millones al cierre de 2025.
El acuerdo con Nación se produce, entonces, en un escenario en el que Salta intenta recuperar recursos por distintas vías, pero también necesita mantener una relación institucional con el Gobierno nacional. El propio Sáenz había planteado que su administración continuaría reclamando lo que considera correspondiente a la Provincia, aunque mediante el diálogo y la gestión ante Nación.
