SALTA – La Comisión de Disciplina y Juicio Político del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta se reúne para abordar la situación del concejal José García. El pedido de tratamiento fue impulsado por el bloque de La Libertad Avanza, que exige la destitución del edil tras los episodios de vandalismo sufridos en su sede partidaria durante la movilización en rechazo a la Ley de Tierras.
La presentación judicial y política elevada por el espacio libertario acusa a García de haber actuado como «instigador y partícipe activo» de los destrozos y agresiones contra el inmueble partidario. Sin embargo, la nómina de imputados en la denuncia penal es amplia e incluye a figuras públicas, funcionarios y referentes sociales: el reconocido influencer Diego Suárez («Michelo»), la directora de la Juventud de la provincia, Evita Morales, y el dirigente del Partido Obrero, Pablo López.
Asimismo, la presentación apunta contra un abanico de organizaciones y agrupaciones políticas y sindicales que movilizaron esa jornada, entre las que figuran el Partido Colina, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la UPCN, la Juventud Universitaria Peronista (JUP), La Cámpora, el Partido Justicialista (PJ), la Confederación General del Trabajo (CGT), el Sindicato de Luz y Fuerza y la organización Mumalá.
Los argumentos de la acusación
Durante la fundamentación del pedido, la concejal Laura Jorge, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que la denuncia «individualiza a nuestro par, el concejal José García, y se le atribuye una conducta de participación activa en estos hechos, señalando la existencia de elementos que en su debido momento serán evaluados y que ya fueron presentados ante la Justicia».
Jorge remarcó que las conductas imputadas a García incluyen «instigación, incitación a hechos de violencia, amenazas y daños». En ese sentido, instó al cuerpo legislativo municipal a actuar con firmeza y mantener el criterio ético y sancionatorio que el Concejo ha aplicado en episodios recientes ante denuncias judiciales graves contra sus propios miembros.
Antecedentes en el recinto: los casos de López y Casasola
El planteo de la bancada libertaria busca activar los mecanismos de remoción o sanción apelando a los precedentes del propio Concejo Deliberante salteño frente a ediles involucrados en causas judiciales:
Pablo López: El hoy edil había enfrentado anteriormente una severa denuncia por violencia de género, violencia laboral, económica y chantaje o extorsión sexual realizada por su expareja, Estela Méndez. El caso cobró notoriedad pública tras la filtración de un audio donde el exconcejal condicionaba la quita de una deuda económica a cambio de favores sexuales. En aquel momento, el cuerpo votó su expulsión por «inhabilidad moral» y fue apartado de su espacio político. No obstante, al no pesar sobre él una condena firme, logró competir y reasumir una banca en los comicios posteriores.
Carlos Maximiliano Casasola: En marzo de 2026, Casasola fue denunciado penalmente por su expareja en un contexto de violencia de género. Tras el impacto mediático y judicial del caso, el edil solicitó una licencia temporal y, posteriormente, en mayo de 2026, el Concejo Deliberante votó formalmente su suspensión preventiva mientras la Comisión de Disciplina avanzaba con la investigación administrativa.
Bajo este marco disciplinario, La Libertad Avanza presiona para que la Comisión aplique la misma severidad contra José García y determine si los supuestos actos de vandalismo e instigación justifican su expulsión definitiva del cuerpo deliberativo.
