SALTA.- (Por Renato Ocampo) En el marco de una nueva semana de medidas de fuerza que paralizan las aulas en Salta y en todo el país, el panorama para la educación superior es de una fragilidad extrema. El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta no solo por el reclamo gremial, sino por lo que el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina, define como una «desobediencia» a las leyes vigentes y a las órdenes judiciales. La comunidad universitaria ha pasado de la movilización a la vía legal, confirmando que la crisis ya no es solo presupuestaria, sino institucional.
Nina fue tajante al describir la profundidad del agujero financiero que afecta a los trabajadores. Según el rector, el objetivo de las protestas actuales es “seguir reclamando la aplicación de la ley de financiamiento universitario”, debido a que “todavía falta cubrir algo del desfasaje salarial que tiene el personal docente y no docente, que estamos calculando aproximadamente un 30%”. Esta cifra desmiente el relato oficial de una recomposición suficiente y pone de manifiesto la pérdida del poder adquisitivo en el sector.
Una batalla judicial por el presupuesto
La situación ha escalado a los tribunales. El rector de la UNSa confirmó que el conflicto ha superado las mesas de negociación paritaria para instalarse en el ámbito penal y civil. “El consejo de rectores recurrió ante el juzgado para intimar que se cumpla con la cautelar en su totalidad”, explicó Nina, agregando un dato que agrava la postura del Ejecutivo: “Ya está presentado, no tengo certeza, una denuncia también por incumplimiento y desobediencia por el tema de la ley”.
El núcleo del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada por el Congreso, la cual Nina califica como “la parte sustancial y central de todo el reclamo”. A pesar de la obligatoriedad de la norma, el rector advirtió que el Gobierno nacional solo ha cumplido de manera parcial y deficiente. Si bien se reconoció un pago del 21,33% en junio, Nina subrayó que “está faltando una parte más que no está prevista y es lo que está exigiendo el sistema universitario que se cumpla”.
El abandono de las funciones básicas
La crisis no se agota en los salarios. El incumplimiento del Gobierno impacta directamente en el día a día de las facultades en Salta. Nina recordó que existen acuerdos firmados que establecen un “20% de incremento de gasto de funcionamiento, un incremento en lo que son las becas que maneja el Ministerio y también un aporte especial para los hospitales públicos”. Sin embargo, la realidad muestra que el financiamiento “tiene sus deficiencias en el cumplimiento”.
Este escenario de asfixia financiera ha llevado a que federaciones docentes como CONADU Histórica y CONADU, junto a la Federación Universitaria de estudiantes, mantengan un plan de lucha activo. Para el rector, la solución es clara pero depende de la voluntad política: “De ahí tiene que surgir evidentemente los acuerdos para avanzar en el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario”, señaló en referencia a las próximas reuniones paritarias.
La Universidad Nacional de Salta se encuentra en una encrucijada donde la excelencia académica y el derecho a la educación gratuita se ven amenazados por la falta de previsibilidad presupuestaria. El reclamo de Miguel Nina no es solo un pedido de fondos, es una denuncia sobre el incumplimiento de la ley en una democracia. Mientras el desfasaje del 30% persista y la «desobediencia» judicial sea la norma del Ejecutivo, las aulas seguirán vacías y la justicia seguirá siendo el último recurso para salvar a la universidad pública argentina.
