El intendente de Pichanal, Julio Jalit, quedó imputado provisoriamente por homicidio culposo luego del siniestro vial ocurrido este martes en Calilegua, Jujuy, donde murió un trabajador de 40 años. El caso vuelve a poner bajo la lupa a uno de los dirigentes del norte salteño y agrega un nuevo episodio incómodo para el oficialismo provincial.
El accidente ocurrió alrededor de las 6.40 sobre la ruta nacional 34, en el acceso sur de Calilegua. Jalit conducía una Toyota Hilux cuando, por circunstancias que ahora investiga la Justicia, chocó contra una motocicleta en la que se desplazaba Rubén Marino Guitian.
El trabajador cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones gravísimas. Cuando arribaron los efectivos de la Seccional 42° y el personal del SAME, constataron que había fallecido. La camioneta, en tanto, terminó fuera de la ruta y dentro de un canal de riego, donde quedó incrustada.
Un nuevo frente judicial para el poder salteño
La noticia tuvo rápidamente repercusión política en Salta. Jalit no es un dirigente ajeno a las controversias y su llegada nuevamente a la Intendencia de Pichanal se produjo en un contexto marcado por cuestionamientos a su trayectoria política y judicial.
Ahora, su imputación en Jujuy abre un nuevo frente para un dirigente que forma parte del mapa político del oficialismo provincial. La fiscalía jujeña decidió imputarlo provisoriamente por homicidio culposo y, tras completar las actuaciones de rigor, el intendente habría fijado domicilio en Jujuy para permanecer a disposición de la Justicia.
La investigación deberá establecer cómo ocurrió el choque, cuáles fueron las circunstancias que provocaron la colisión y qué responsabilidad le corresponde al conductor de la camioneta.
El antecedente que vuelve a poner a Jalit en el centro de la escena
El episodio de Calilegua no es el único problema judicial que enfrenta el intendente de Pichanal. En Salta, Jalit tiene pendiente un juicio oral por una causa vinculada con presuntas irregularidades durante una anterior gestión municipal. El expediente incluye acusaciones por fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, contaminación ambiental, irregularidades en declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial puso bajo la lupa 1.394 cheques por más de $23,4 millones, además de presuntas operaciones que habrían beneficiado a empresas vinculadas al entonces intendente. También se detectaron diferencias entre las declaraciones patrimoniales y los bienes registrados a su nombre.
El expediente incluye, además, una acusación por presunta contaminación ambiental relacionada con el supuesto depósito de residuos domiciliarios, patógenos y líquidos cloacales en terrenos cercanos al río San Francisco.
El juicio estaba previsto para noviembre de 2025, pero fue suspendido luego de planteos de las defensas y todavía no tiene una nueva fecha. El caso llega en un momento particularmente sensible para el gobierno de Gustavo Sáenz, que en los últimos tiempos debió enfrentar distintos cuestionamientos políticos y judiciales que involucran a dirigentes y funcionarios vinculados al oficialismo.
La situación de Jalit suma ahora un componente especialmente delicado: se trata de un intendente del norte provincial que quedó involucrado en un hecho fatal ocurrido fuera de Salta y que deberá responder ante la Justicia jujeña.
Mientras la investigación judicial avanza, el episodio ya comenzó a tener consecuencias políticas y promete convertirse en un nuevo foco de discusión sobre los dirigentes que integran el esquema de poder provincial.
En Pichanal también hubo repercusiones por la forma en que el caso comenzó a circular en redes sociales. El periodista Matías Saracho difundió un comunicado en el que cuestionó los memes, insultos y expresiones de burla surgidas después del accidente. El pedido apunta a separar la discusión política de la tragedia humana: detrás del expediente hay un trabajador fallecido y una familia que deberá afrontar las consecuencias de su muerte.
