SALTA – A medida que el calendario hacia los comicios de mayo avanza, el escenario político salteño suma un alto nivel de tensión. Las normativas promovidas por el oficialismo provincial enfrentan duras impugnaciones judiciales impulsadas por diversos sectores opositores, quienes denuncian la imposición de trabas antidemocráticas y la paralización deliberada de causas clave en los tribunales.
El reclamo del Partido Obrero contra la exigencia territorial
El Partido Obrero presentó una acción popular de inconstitucionalidad para frenar la aplicación del artículo central de la Ley 8535 de Participación Democrática. La norma impone que cualquier fuerza política que aspire a competir por la gobernación debe presentar listas completas en al menos quince departamentos de la provincia, medida que el espacio de izquierda tilda de barrera proscriptiva.
El escrito firmado por Claudio Del Plá fundamenta que esta exigencia distorsiona el principio de distrito único establecido por la Carta Magna salteña para la categoría ejecutiva. Asimismo, remarca la desproporción del requisito al señalar que casi dos tercios del padrón electoral se concentran en solo tres departamentos, por lo que medir la representatividad según el despliegue geográfico termina dejando fuera a partidos con personería jurídica vigente. Como respaldo normativo, la presentación invoca tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre barreras electorales arbitrarias.
Inacción judicial frente a la Ley de Lemas
En paralelo, hace algunas semanas, desde La Libertad Avanza arremetieron contra el Poder Judicial por la falta de resolución respecto a los planteos presentados contra la Ley de Lemas. El referente opositor Roque Cornejo cuestionó con dureza al máximo tribunal provincial por haber congelado el tratamiento de las acciones presentadas meses atrás, señalando un alineamiento entre los poderes del Estado para favorecer al esquema oficialista de Gustavo Sáenz.
Las críticas apuntan a que el estancamiento de los expedientes en la Corte genera un escenario de incertidumbre e inequidad a pocos meses del inicio del cronograma electoral. La oposición advierte que, de no mediar una pronta definición sobre estos mecanismos, la legitimidad del proceso democrático quedará seriamente comprometida.