SALTA – La inminente reorganización del sistema de peajes en Salta ha encendido las alarmas en el tablero político provincial. La transición hacia una nueva concesión de carácter privado, tras la finalización de la gestión de la empresa estatal Corredores Viales, ha dejado al descubierto un complejo entramado de desamparo federal, preocupación laboral y asimetrías fiscales que asfixian a la provincia de Salta.
En este preocupante contexto, el senador por el departamento de General Güemes, Enrique Cornejo, estuvo en el programa Agenda Abierta y brindó precisiones sobre el desembarco del nuevo operador y lanzó un mensaje fulminante a la Casa Rosada y a las autoridades viales nacionales. Cornejo desnudó la crítica situación vial que atraviesa el norte argentino y cuestionó el rol de la administración nacional de Javier Milei en la desfinanciación de la obra pública estratégica, dejando en claro que el cobro de tarifas debe estar estrictamente ligado a la contraprestación de servicios reales.
El desembarco privado y la reconfiguración de los peajes en Salta
El proceso de privatización avanza a pasos agigantados y promete alterar la circulación en el territorio norteño. Según confirmó el legislador güemense, en septiembre finaliza formalmente el contrato de concesión que el Estado de la Nación le había otorgado a la firma Corredores Viales. En su reemplazo, un consorcio privado tomará posesión de un corredor estratégico de aproximadamente 500 kilómetros de extensión, que se inicia en La Banda (Santiago del Estero) por la Ruta Nacional 34, ingresa a Salta a través de Rosario de la Frontera, atraviesa Metán, alcanza la rotonda de Torzalito, conecta con Salta Capital y continúa hacia el norte hasta San Pedro de Jujuy.
Esta transición, pautada para concretarse en septiembre, preocupa por el impacto directo en las tarifas y el futuro de las fuentes de empleo locales. Cornejo reveló que el traspaso implica la desvinculación indemnizada de los 50 trabajadores de General Güemes que dependían de la firma saliente. Aunque existe un principio de acuerdo para que la nueva firma los absorba de manera progresiva, la tensión social sigue latente ante el freno de recursos nacionales.
El nuevo esquema prevé el funcionamiento de tres casillas de peaje en territorio clave. La primera significará la reactivación operativa de la histórica estación de acceso a la capital provincial, conocida como «Aunor». La segunda se ubicará en Cabeza de Buey. La polémica mayor se desata en torno a la ubicación del tercer puesto de cobro, actualmente disputado entre El Naranjo y las inmediaciones de Metán.
El rechazo del Senado al puesto de El Naranjo y la propuesta de las tres horas
El senador Cornejo rechazó la posibilidad de instalar la tercera casilla de peaje en el paraje de El Naranjo. La posición del Senado de Salta es unánime al advertir que dicha localización entorpecería gravemente el flujo cotidiano entre dos centros urbanos de profunda complementariedad, como lo son San José de Metán y Rosario de la Frontera. A criterio del legislador, ubicar un retén tarifario allí ignora la realidad territorial de Salta: «No es el lugar adecuado, porque va a afectar la transitabilidad en el sentido económico de toda la afluencia que hay entre las dos ciudades». Cornejo fundamentó este rechazo señalando la intensa interconexión judicial, social y productiva que une a ambas localidades de manera constante. En contraste, la contrapropuesta provincial exige que la casilla se construya a la salida de Metán en dirección a Güemes.
Asimismo, el senador detalló las condiciones que el bloque legislativo presentará formalmente ante Vialidad Nacional para impedir una triple tributación abusiva para quienes circulan por la región. El proyecto busca imponer una ventana temporal lógica de transitabilidad: «Si vos abonas el peaje hipotético en la salida de Metán, tenés tres horas para no pagarlo en el segundo peaje que transites». De este modo, un conductor que se traslade desde el sur hacia Salta Capital pagaría únicamente en Metán, pasaría de largo en el control de Cabeza de Buey por haber transcurrido menos de tres horas, y volvería a abonar exclusivamente al ingresar por el ex peaje de Aunor.
Rutas detonadas y el financiamiento provincial de Obras Públicas de jurisdicción nacional
La discusión de fondo no es estrictamente técnica o de geolocalización de cabinas; es una pulseada política ante el retiro absoluto del Estado nacional de sus obligaciones básicas de mantenimiento vial. La radiografía que trazó el representante de General Güemes respecto a las rutas nacionales que surcan Salta fue categórica: «Hoy tenemos las rutas nacionales totalmente detonadas».
El senador Cornejo denunció esta escandalosa asimetría al cuestionar la legitimidad de que Salta deba pagar por la desidia centralista: «¿Por qué la provincia, con fondos de todos los salteños, tienen que mantener una ruta nacional?». Esta transferencia forzada de fondos locales para tapar los baches nacionales se ejecuta bajo la penosa certeza de que, de lo contrario, el tramo más crítico entre Metán y Rosario de la Frontera seguiría sumido en el abandono operativo. El gobierno provincial debió tomar la decisión de iniciar con recursos propios la repavimentación ante la imposibilidad de seguir esperando una respuesta de la Casa Rosada o una intervención inmediata del concesionario entrante.
Sin obras reales no habrá aumento de peajes en Salta
El pliego de exigencias de Salta incluye la construcción de un distribuidor de tránsito pesado programado en el crítico empalme de las rutas nacionales 34 y 9 en Rosario de la Frontera, además de obras urgentes de iluminación y demarcación refractiva de calzadas, indispensables para evitar tragedias en horario nocturno. La advertencia a la Casa Rosada y a Vialidad de la Nación es directa: hasta que no se certifiquen estas obras prioritarias y se bachee la ruta nacional, no se habilitará el cobro del diferencial de la tarifa ni la apertura de las nuevas casillas. El valor actual del peaje, estimado entre 1.800 y 3.000 pesos de acuerdo con la categoría del vehículo, se mantendrá congelado hasta que las rutas dejen de ser trampas mortales.
Las declaraciones de Enrique Cornejo evidencian que el interior no está dispuesto a ser el financista silencioso del ajuste del gobierno nacional. Su postura de fondo resume el consenso de la sociedad salteña ante el avance de las privatizaciones viales: «Todos preferimos, mayoritariamente, pagar un peaje razonable y tener una ruta en condiciones, con seguridad, con auxilio de grúa, y no estar en estas condiciones». La pelota está ahora en el campo de Vialidad Nacional y del consorcio privado: si pretenden cobrar, primero tendrán que construir.
