SALTA – El diputado nacional Bernardo Biella, integrante del bloque Argentina Federal, explicó los motivos por los que acompañó en la Cámara de Diputados los proyectos vinculados con la autonomía del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la segunda etapa de la Ley de Inocencia Fiscal, pese a sus cuestionamientos a distintas medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
En diálogo con N10, Biella sostuvo que una mayor autonomía del BCRA puede contribuir a limitar la emisión monetaria y evitar que las decisiones del Gobierno de turno terminen generando nuevos desequilibrios económicos e inflación. En ese sentido, recordó políticas implementadas durante la gestión de Sergio Massa y cuestionó el uso de la emisión monetaria como herramienta para financiar medidas de corto plazo.
“Porque ¿qué pasaba antes? Llegaba el plan platita de Sergio Massa y entonces el banco imprimía plata y esa plata iba a los argentinos que por un rato estábamos contentos y al otro día estábamos con una inflación galopante”, afirmó. Para Biella, el objetivo de la reforma debería ser impedir que futuros gobiernos puedan utilizar al Banco Central con fines políticos o fiscales, pese a ya no podrá intervenir para estimular el empleo o asistir financieramente a sectores productivos en periodos de recesión económica, y que se necesitará una mayoría de dos tercios (2/3) en el Congreso para remover al directorio.
El diputado planteó una particularidad respecto de la composición del organismo: reclamó que exista una representación federal dentro de su directorio, de manera que las distintas regiones del país tengan participación en las decisiones. “No se llama Banco de Buenos Aires, se llama Banco Central de la República Argentina”, enfatizó.
Reclamo por una representación federal
Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la segunda etapa de la Ley de Inocencia Fiscal. Esta contempla modificaciones en los montos de las multas y otros aspectos vinculados con las obligaciones tributarias.
Bernardo Biella destacó que los contribuyentes deberían recibir una comunicación de ARCA antes de que se generen sanciones, con el objetivo de que puedan regularizar sus obligaciones. “Le pedimos que tengan 15 días para ser notificados por el ARCA, para que uno diga ‘me olvidé de pagar esto’, voy, arreglo y lo pago”, explicó.
Según Biella, esta modificación tendría especial importancia para las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como principales generadoras de empleo. También aseguró que la normativa no debería permitir que funcionarios públicos utilicen el régimen para obtener beneficios.
