SALTA – El oficialismo provincial decidió avanzar en la Cámara de Diputados con una investigación sobre el legislador libertario Sergio López, a quien buscan determinar si continuó ejerciendo como abogado mientras desempeñaba su mandato y si esa situación podría derivar en alguna sanción dentro del propio cuerpo legislativo.
El proyecto de resolución ingresado este jueves propone la creación de una Comisión Investigadora Especial que deberá establecer si López representó o patrocinó a terceros ante organismos públicos de la Provincia o municipios desde su incorporación a la Cámara. La iniciativa también apunta a determinar si persistió en esa actividad luego de haber sido notificado de un criterio judicial que declaró incompatible el ejercicio profesional con la función legislativa.
La ofensiva política contra el diputado libertario se apoya en un antecedente concreto. El 8 de mayo de este año, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, con asiento en Metán, rechazó un planteo de López y dispuso que se abstuviera de continuar interviniendo profesionalmente mientras dure su mandato como diputado provincial.
Ahora, el oficialismo pretende trasladar la discusión al terreno político e institucional. El proyecto no busca revisar aquella resolución judicial, pero sí tomar ese antecedente como punto de partida para determinar si la conducta del legislador configura alguna de las situaciones contempladas en el artículo 123 de la Constitución provincial, que habilita a la Cámara a ejercer facultades de corrección sobre sus propios miembros.
La comisión tendrá como tarea reconstruir las eventuales intervenciones profesionales de López y establecer si, luego de asumir su banca, continuó actuando como abogado ante los poderes públicos provinciales o municipales. También podrá investigar si reclamó o percibió honorarios por trabajos profesionales realizados durante el período bajo análisis.
La iniciativa plantea, además, un punto especialmente sensible: determinar si el diputado libertario persistió en su actividad profesional después de haber sido notificado del criterio judicial que consideró incompatibles ambas funciones.
Para avanzar con la investigación, la comisión podrá requerir información a la Corte de Justicia sobre las causas en las que López figure con intervención profesional desde el 1 de diciembre de 2025. También podrá solicitar informes al Colegio de Abogados y Procuradores sobre su matrícula y posibles actuaciones disciplinarias, además de requerir datos a la Caja de Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Salta y a distintos organismos de la administración pública.
El proyecto establece que el diputado investigado deberá ser notificado formalmente y contará con derecho a acceder a las actuaciones, presentar un descargo, ofrecer pruebas y ser asistido por un abogado. Incluso, se aclara que ninguna conclusión podrá ser adoptada sin respetar esas garantías, bajo pena de nulidad.
En los fundamentos, los impulsores de la iniciativa sostienen que el centro del debate excede una discusión jurídica individual y pone en juego la autoridad de la propia Cámara de Diputados. La Ley 7204 establece restricciones para que quienes ejercen un mandato legislativo puedan presentarse ante los poderes públicos provinciales en representación de intereses de terceros.
Según la argumentación oficialista, la incompatibilidad no se vincula únicamente con una eventual intervención en causas donde el Estado sea parte, sino con la necesidad de evitar que un legislador actúe como abogado ante un poder sobre el que también posee atribuciones institucionales.
El texto pone el foco en la posible persistencia de López luego de la intervención judicial. Los autores del proyecto consideran que una primera actuación podría haber respondido a una interpretación equivocada de la normativa, pero sostienen que la situación adquiere otra dimensión si se comprueba que continuó ejerciendo pese a haber sido advertido sobre la incompatibilidad.
El oficialismo puso en marcha el mecanismo. Ahora, la discusión política comenzará a trasladarse al recinto y obligará a los distintos bloques a fijar posición sobre un caso que puede convertirse en una nueva pulseada entre el poder legislativo y la representación libertaria en Salta.
