SALTA.- (Por Renato Ocampo) Bajo la excusa del orden vial, la gestión del intendente Emiliano Durand despliega operativos «sorpresa» que asfixian el bolsillo de los salteños. En solo un mes, el municipio labró más de 3000 actas de infracción y secuestró cientos de vehículos, ensañándose principalmente con los sectores más vulnerables que utilizan la moto como herramienta de trabajo.
La Municipalidad de Salta intenta disfrazar de «seguridad vial» y «mejoramiento de la circulación» lo que a todas luces se perfila como una agresiva e implacable campaña de recaudación fiscal. Los números oficiales presentados con orgullo por la propia gestión no hacen más que encender las alarmas entre los ciudadanos: durante el mes de agosto se labraron la alarmante cifra de 3.028 actas de infracción y se secuestraron un total de 213 vehículos en distintos puntos de la ciudad.
¿Cómo se procesan tantas actas en el Tribunal de Faltas? Es evidente que esos “jueces” no analizan las causas y simplemente funcionan como organismo de recaudación. Esta asfixiante presión sobre los conductores salteños se ejecuta mediante un amplio despliegue de controles que, según advirtieron desde la propia Secretaría de Tránsito, se seguirán realizando de manera «sorpresiva». Lo que el municipio define como «garantizar el orden», en la práctica diaria se traduce en verdaderas trampas de asfalto diseñadas para capturar infractores y alimentar las arcas municipales en un contexto económico sumamente delicado. Ya se ha vuelto algo habitual ver las grúas y camionetas municipales acarreando motos y autos para el canchón.
El ensañamiento con los sectores de menores recursos queda explícitamente en evidencia al analizar la radiografía de los secuestros ejecutados. De los 213 rodados retenidos por falta de documentación o alcoholemia positiva, la inmensa mayoría, 139 para ser exactos, fueron motocicletas. Mientras tanto, se retuvieron 50 automóviles, 11 camionetas, 7 furgones, 4 traffics y 2 camiones. Al apuntar de manera tan desproporcionada contra las motos, la gestión de Emiliano Durand castiga de forma directa al vehículo más utilizado por los trabajadores que no tienen otra alternativa de movilidad en la capital salteña.
Detrás del discurso oficial que justifica este despliegue por la supuesta búsqueda de «seguridad», la realidad muestra un municipio que prefiere el castigo directo y la retención antes que la educación vial preventiva.
