SALTA – La Cámara de Senadores de la Provincia ayer fue escenario de una jornada atravesada por el cinismo institucional y las contradicciones. El senador provincial por el departamento La Caldera y exintendente de Vaqueros, Daniel Moreno Ovalle, presentó un proyecto de ley para la creación del Sistema Provincial de Garantías Procesales, Registro Audiovisual, Preservación Probatoria y Control Institucional en Denuncias de Violencia. Bajo la premisa de buscar «transparencia» e impedir que los testimonios «se deformen o manipulen», el legislador defendió la iniciativa asegurando que busca proteger tanto a las víctimas como la legitimidad de la justicia.
Sin embargo, el discurso del senador contrasta drásticamente con su situación procesal. Moreno se encuentra imputado por abuso sexual tras la denuncia presentada por una exempleada municipal. A pesar de la gravedad de la acusación, en diciembre de 2025 juró formalmente su banca para el período 2025-2029. En aquella ocasión, un intento por crear una comisión investigadora para evaluar su idoneidad moral —impulsado por el senador Roque Cornejo Avellaneda— fue archivado de forma expedita gracias al rechazo de la mayoría del cuerpo, que optó por abroquelarse y blindar a su par.
Garantismo para el discurso, dilación para la causa
Desde la banca, Moreno sostuvo que su proyecto «no es ideológico ni partidario, sino institucional», pretendiendo erigirse como un reformista del sistema de justicia. Sin embargo, en el ámbito judicial, la causa en su contra muestra una dinámica opuesta a la celeridad y fidelidad probatoria que el senador pregona en el recinto: el expediente permanece estancado a la espera de que la Corte resuelva un recurso de inconstitucionalidad.
La jugada política de Moreno expone una ironía que incomoda al oficialismo legislativo. Mientras el senador utiliza la alta tribuna del Senado para dictar cátedra sobre cómo deben preservarse las pruebas en casos de violencia y abuso, en los hechos continúa amparándose en los tiempos burocráticos del fuero provincial y judicial para no rendir cuentas ante la ley.
