SALTA – En una reciente entrevista radial, el intendente Emiliano Durand presentó un ambicioso paquete de obras públicas diseñado para transformar la capital salteña en «un gran obrador». El anuncio promete desde intervenciones viales complejas hasta innovación tecnológica en el espacio público. Sin embargo, la megaexpansión de obras se despliega en un terreno político enrarecido: el propio jefe comunal ya confirmó que se encuentra en plena campaña para buscar su reelección, mientras desde el Concejo Deliberante aumentan las sospechas por la falta de transparencia en la contratación y publicación de dichos trabajos.
Un despliegue de infraestructura a gran escala
Durante la entrevista, el jefe comunal detalló el diagnóstico inicial con el que asumió la gestión, asegurando que gran parte de las arterias de la ciudad se encontraban en mal estado. Para revertir esta situación, planteó intervenciones estructurales como el plan integral en Colectora Bolivia con pavimento de hormigón de alta resistencia para el tránsito pesado, la construcción de una nueva rotonda hacia la urbanización Pereyra Rosas y la ejecución de la rotonda de la avenida del Carnaval.
A estas tareas se suma la denominada «Obra de Asunción», proyectada para reconfigurar el ingreso a la ciudad por Portezuelo mediante un sistema de rodeo que agilice el tránsito y evite colapsos. Asimismo, las avenidas Belgrano y San Martín atravesarán una renovación integral que abarca la reconstrucción de veredas, la reubicación de bicicleteros, nuevos paradores de colectivos e islas peatonales para resguardar a los transeúntes.
Por último, la propuesta oficial contempla la instalación de brazos pescantes en el alumbrado público para eliminar los conos de sombra, la vuelta del placero municipal con empleados reubicados y la incorporación de 50 cámaras con inteligencia artificial para monitorear plazas y paseos en comunicación directa con el servicio 911.
Tiempos electorales y denuncias por falta de transparencia
A pesar del impacto urbanístico planteado, la multiplicación de los frentes de obra coincide de forma directa con la confirmación de las aspiraciones del intendente para renovar su mandato en el Palacio Municipal. La coincidencia entre la agenda de anuncios y el calendario electoral ha levantado críticas sobre el uso de la gestión como plataforma proselitista.
Sin embargo, la controversia principal gira en torno a la administración de los fondos públicos. Diversos sectores advierten que una porción significativa de los proyectos anunciados e incluso ejecutados no figuran publicados en el Boletín Oficial de la Municipalidad. A esta opacidad se añade el uso extendido de la adjudicación simple, una modalidad de contratación excepcional que esquiva las licitaciones públicas y siembra dudas sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de los contratos municipales.
Fuerte cuestionamiento en el Concejo Deliberante
La falta de visibilidad en las cuentas públicas tuvo un momento de máxima tensión en la sesión del pasado miércoles en el Concejo Deliberante. Durante el debate, la concejal Agustina Álvarez cuestionó severamente la postura del Ejecutivo municipal en materia de transparencia. «No se estan cumpliendo con la ordenanza», dijo Álvarez, y aseguró que el intendente comenzó a colocar cartelería con su cara y sin la información de la obra, algo totalmente prohibido por la normativa.
Este manejo discrecional en la asignación de obras deteriora los principios de ética pública y atenta contra la libre competencia que debe regir en las contrataciones del Estado.
Paralelamente, las sospechas sobre el manejo del presupuesto público trascienden los recintos legislativos y calan profundo en el sector privado. En estricto off del récord, impulsados por el temor a sufrir represalias comerciales o la exclusión definitiva del esquema estatal, diversos empresarios del rubro de la construcción aseguran que el reparto de las obras recae sistemáticamente sobre el mismo puñado de firmas contratistas de siempre. Sin embargo, el dato que enciende las alarmas más críticas es la irrupción de empresas de reciente creación, constituidas hace apenas meses, que misteriosamente han comenzado a ser beneficiadas con millonarios contratos municipales mediante el opaco mecanismo de la adjudicación directa.
En su afán por proyectar la imagen de una ciudad en permanente movimiento y acumular frentes de obra visibles para la contienda electoral, la Municipalidad terminó cometiendo un gravísimo traspié institucional días atrás al iniciar trabajos sobre la estructura del ex Colegio Nacional sin contar con ningún tipo de habilitación ni autorización previa. El episodio no solo dejó en evidencia la improvisación y el apuro con el que se despliegan estos operativos urbanos, sino que sumó un nuevo capítulo al cuestionado esquema de gestión del Ejecutivo municipal, donde la urgencia por exhibir máquinas en la calle parece imponerse de forma sistemática por sobre la normativa vigente y el cumplimiento de las reglamentaciones básicas de la administración pública.
