(SALTA).- (Por Diego Nofal) La concejal Malvina Gareca, del espacio que responde al intendente Emiliano Durand, lanzó una denuncia que sacude los cimientos de la política educativa provincial. La edil sostuvo que el gobierno de Gustavo Sáenz no está cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral, a pesar de que la responsabilidad de dictarla recae exclusivamente en la provincia. Gareca afirmó que todos los programas de salud sexual y reproductiva han sido recortados, mientras el gobernador y el intendente se reconcilian después de un bloqueo telefónico de tres meses.
La funcionaria municipal recordó que la ESI es una ley nacional vigente y que ninguna administración provincial puede ignorarla so pretexto de alineamientos políticos o ideológicos. El gobierno provincial insiste en que la ESI es un asunto nacional, pero la ley es clara y la responsabilidad de aplicarla recae en sus propias manos y en su voluntad política.
Mientras tanto, las autoridades provinciales prefieren gastar energía en cruces políticos y en manuales escolares con «identidad propia», antes que en garantizar derechos básicos. La concejal cuestionó además el recorte de insumos y la falta de políticas concretas para abordar una problemática que afecta a miles de jóvenes salteños.
En sus declaraciones, Gareca fue contundente al señalar que las leyes no se pueden eludir con discursos vacíos ni con gestos de falsa preocupación por la infancia. La denuncia de la edil llega en un momento clave, justo cuando el oficialismo provincial celebra acuerdos políticos que poco tienen que ver con el bienestar de las aulas.
Quizás lo más grave no sea la ausencia de la ESI en las escuelas, sino la naturalización con la que se asume que los jóvenes pueden crecer sin información y sin herramientas para cuidar su salud. Mientras los adultos se entretienen con sus diferencias y sus bloqueos telefónicos, son los chicos quienes pagan el costo de una educación que prefiere mirar para otro lado.
La pregunta que queda flotando es si el gobierno de Salta realmente cree que ignorar una ley federal es una estrategia viable, o si simplemente apuesta a que nadie se dé cuenta. La juventud salteña merece respuestas concretas y no excusas políticas, porque la falta de educación sexual integral es una condena al silencio y al riesgo real de embarazos no deseados.
