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Salta

Biocombustibles y votos en el Congreso: qué negocia Salta con el gobierno de Milei

La discusión por un nuevo régimen pone a los diputados salteños frente al desafío de acompañar las reformas nacionales sin resignar los intereses productivos de la provincia.

Gustavo Sáenz
Gustavo Sáenz

(SALTA).- El Congreso volvió a convertirse en uno de los principales terrenos de negociación entre Javier Milei y los gobernadores. Con un oficialismo que necesita construir mayorías para avanzar con sus reformas, los votos de las provincias mantienen un valor que excede ampliamente el número de diputados que aporta cada distrito. Para Salta, esa negociación tiene además un capítulo económico concreto: el futuro de los biocombustibles.

La discusión no es menor. Un cambio en las reglas que determinan los porcentajes de mezcla obligatoria de bioetanol en las naftas, los precios y la participación de los productores puede tener consecuencias directas sobre una actividad que Salta considera estratégica.

La provincia forma parte del grupo productor de bioetanol a partir de caña de azúcar y tiene intereses concretos en cualquier modificación del régimen. Por eso, detrás de una discusión que en Buenos Aires puede aparecer como una cuestión técnica, para el norte argentino se juegan inversiones, actividad industrial y puestos de trabajo.

Los votos salteños también se negocian

Desde que Milei llegó a la Casa Rosada, Gustavo Sáenz eligió una relación con el Gobierno nacional que evita tanto el alineamiento automático como la oposición permanente. Esa posición le permitió acompañar determinadas iniciativas nacionales y rechazar otras cuando entendió que afectaban los intereses provinciales. Los diputados que responden políticamente al gobernador también forman parte de esa estrategia.

En una Cámara donde el oficialismo necesita sumar aliados para alcanzar el quórum y aprobar buena parte de su agenda, unos pocos votos pueden resultar determinantes. Salta conoce esa necesidad parlamentaria del Gobierno y busca utilizarla para sostener sus propios reclamos.

Eso no significa que cada votación pueda traducirse de manera directa en una concesión de Nación. La negociación política es bastante más compleja. Pero tampoco puede analizarse la conducta de los bloques provinciales sin considerar qué reciben, o esperan recibir, sus gobernadores a cambio del acompañamiento.

El debate sobre biocombustibles ofrece un ejemplo concreto. Salta necesita evitar que una apertura indiscriminada del mercado termine beneficiando a los actores con mayor capacidad productiva y dejando en desventaja a las economías regionales. Nación, por su parte, busca avanzar en una agenda de desregulación y mayor competencia. Son dos posiciones que pueden encontrar puntos de acuerdo, pero que parten de intereses diferentes.

Sáenz y la defensa de una agenda provincial

Para Sáenz existe, además, una cuestión política de fondo. El gobernador construyó buena parte de su discurso nacional alrededor de una idea: acompañar cuando considere que una medida beneficia a Salta y marcar diferencias cuando entienda que la provincia resulta perjudicada.

Ese esquema también busca diferenciarlo de los dos extremos de la política nacional. No pretende convertirse en un opositor frontal a Milei, pero tampoco puede permitir que sus legisladores aparezcan como una extensión de La Libertad Avanza en el Congreso. Mucho menos cuando se discuten actividades económicas con peso en Salta y en el resto del norte.

Por eso, los biocombustibles pueden convertirse en una prueba para la bancada salteña. No solamente habrá que observar cómo votan los diputados, sino también qué modificaciones consiguen introducir durante la negociación.

Porque el poder de un bloque provincial no se mide únicamente cuando levanta o baja la mano en el recinto. También se mide antes, en las comisiones, en los cambios de artículos, en las excepciones incorporadas y en las condiciones que consigue imponer para acompañar una ley.

El tema también expone una tensión histórica entre Buenos Aires y las provincias productoras. Las decisiones sobre sectores económicos radicados a cientos o miles de kilómetros de la Capital suelen tomarse en función de variables nacionales, mientras que sus consecuencias se sienten directamente en las economías locales.

Además, la discusión aparece en un momento especialmente sensible. Con una economía provincial condicionada por la caída de recursos nacionales, el retroceso de la obra pública y un escenario productivo complejo, el Gobierno salteño necesita preservar las actividades capaces de generar inversión privada y empleo.

Para el Grand Bourg, entonces, el debate no puede reducirse al porcentaje de bioetanol que llevará un litro de combustible. Lo que está en discusión es qué lugar tendrán los productores salteños dentro del nuevo esquema y qué capacidad tendrá la Provincia para defenderlos frente a una reforma impulsada desde Nación.

También será una oportunidad para medir hasta dónde llega la capacidad de negociación de Sáenz frente a Milei. El Gobierno nacional necesita votos para sostener su agenda en el Congreso. Salta necesita respuestas para sus sectores productivos y garantías de que las reformas no terminen perjudicando a las economías regionales.

En ese intercambio se juega buena parte de la relación entre la Casa Rosada y el Grand Bourg. Y los diputados salteños tendrán que demostrar si sus votos sirven solamente para acompañar leyes o también para conseguir resultados concretos para la provincia.