(SALTA).- En un escenario parlamentario fragmentado, la provincia de Salta se posiciona -otra vez- en el centro del tablero político nacional. La estrategia orquestada por el gobernador Gustavo Sáenz, en coordinación con su par misionero Hugo Passalacqua, fue determinante para inclinar la balanza en la Cámara de Diputados: los legisladores salteños del bloque Argentina Federal (ex Innovación Federal) bajarían hoy al recinto para asegurar el quórum en una sesión especial que promete acorralar las pretensiones de La Libertad Avanza.
La maniobra habría cobrado forma tras un diálogo crucial entre el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad y el salteño Pablo Outes. De ese acuerdo surgió la decisión de dar quórum y empujar el temario de la oposición, centrado en la emergencia en discapacidad y en una serie de proyectos para frenar el sobreendeudamiento familiar generado por las altas tasas de bancos y billeteras virtuales, iniciativa popularmente catalogada como «anti-Galperín» en referencia al fundador de Mercado Pago.
Con los tres legisladores que responden a Sáenz sumados a la bancada misiones, el espacio opositor sumaría los 129 escaños necesarios para abrir la sesión, apoyándose también en el peronismo, bancadas provinciales y sectores independientes. La jugada de Salta busca aire para negociar con el Poder Ejecutivo Nacional y mostrar los límites de las negociaciones territoriales llevadas adelante por el Ministerio del Interior.
Ante la inminente apertura del recinto, el presidente de la Cámara, Martín Menem, ensaya una contraofensiva de último momento. La estrategia oficialista busca fracturar el temario opositor ofreciendo habilitar la discusión sobre la emergencia en discapacidad —un reclamo social sensible y prioritario para los bloques provinciales— a cambio de que salteños y misioneros retiren su apoyo a los emplazamientos que regulan el negocio financiero de las plataformas digitales.
Mientras desde el entorno oficialista intentan persuadir a legisladores de otras provincias para amortiguar el impacto, la firmeza del armado salteño y sus aliados coloca al Gobierno frente al desafío de negociar en desventaja, en un debate donde la política crediticia y el gasto social marcan el ritmo de la agenda legislativa.
