(SALTA).- (Por Diego Nofal) La presentación penal que realizó la docente Celia Alejandra Alankay con el patrocinio letrado de Nicolás Vedia no es un simple reclamo gremial ni una queja menor por diferencias salariales entre colegas del sistema educativo provincial, sino una acusación de suma gravedad que involucra a las máximas autoridades del ministerio de Educación, Cristina Fiore y Alejandro Williams Becker
El expediente judicial señala con nombre y apellido a la ministra Fiore y al secretario de Gestión Educativa como los presuntos responsables de un esquema de defraudación que utiliza una institución educativa fantasma para girar fondos públicos sin control alguno y sin justificación pedagógica ni administrativa que pueda ser verificada por los organismos de control provinciales.
La existencia del colegio 7160, que luego mutó a núcleo 7210 para jóvenes en conflicto con la ley, resulta tan difusa que ni los propios empleados del ministerio saben dónde funciona físicamente o quiénes son sus supuestos alumnos y docentes registrados en la nómina oficial del presupuesto educativo de la provincia.
La denunciante intentó agotar todas las instancias administrativas antes de recurrir a la justicia penal, pero nadie en la casa de gobierno provincial supo darle una explicación coherente sobre los trescientos cargos docentes que figuran en el presupuesto oficial y que nadie puede localizar en el mapa ni en los registros escolares de la jurisdicción.
La fiscalía en lo penal y económico deberá ahora desentrañar si estos sobresueldos corresponden a un servicio educativo real o simplemente a un mecanismo de engorde de los ingresos de funcionarios y allegados al poder político de turno que aprovechan la opacidad del sistema para desviar fondos sin que nadie se dé cuenta a simple vista.
Resulta llamativo que la institución fantasma haya cambiado su denominación justo cuando las preguntas incómodas comenzaron a llegar a las oficinas del ministerio y a los pasillos de la legislatura provincial, como si el cambio de nombre pudiera borrar las huellas del presunto delito, y este tipo de prácticas, si se confirman, no solo configuran un delito económico contra el Estado provincial sino también una burla a los miles de docentes salteños que cumplen con su trabajo sin padrinos políticos ni recomendaciones especiales.
La ministra Fiore ha construido su imagen pública sobre la base de un discurso de lucha contra la corrupción y el favoritismo, pero esta denuncia pone en jaque toda esa construcción mediática cuidadosamente armada, y la justicia deberá citar a declarar a todos los involucrados para cruzar los registros de asistencia con los pagos realizados y verificar si esos docentes realmente existieron o fueron meros nombres en un listado fraudulento que solo servía para justificar gastos del erario público.
