(SALTA).- El Concejo Deliberante de Salta aprobó la creación del Sistema Municipal de Preparación Institucional ante Emergencias y Catástrofes, una iniciativa que busca preparar a las distintas áreas del Estado municipal para actuar ante terremotos, inundaciones y otras situaciones de riesgo. Sin embargo, la medida abre también un interrogante sobre las prioridades de una Municipalidad, que hoy en día enfrenta reclamos cotidianos en los barrios pese a cobrar impuestos municipales elevados.
Durante la 24° Sesión Ordinaria, los concejales dieron sanción al proyecto impulsado por el edil Gustavo Farquharson (PS), que establece un régimen de capacitación, prevención y respuesta para la Administración Pública Municipal, el Concejo Deliberante, el Tribunal Administrativo de Faltas y el Tribunal de Cuentas Municipal.
Farquharson defendió la iniciativa al señalar que Salta se encuentra en una zona de riesgo sísmico y que el Estado debe contar con herramientas para proteger a la población. El proyecto contempla capacitación permanente de los agentes municipales, protocolos de actuación, lugares de evacuación y equipos internos preparados para responder ante una eventual emergencia.
“Salta está en una zona de riesgo sísmico y esto amerita que, como Estado municipal, elaboremos herramientas que protejan a la gente”, sostuvo el concejal. La necesidad de contar con protocolos frente a una catástrofe resulta difícil de cuestionar. El problema aparece cuando se observa la situación desde la perspectiva de los vecinos que, antes de enfrentar una eventual emergencia extraordinaria, ya padecen problemas que forman parte de su vida cotidiana.
Alternativas que no plantean soluciones estructurales
En distintos barrios de la ciudad persisten los reclamos por inseguridad, falta de iluminación, calles deterioradas, ausencia de infraestructura y deficiencias en servicios básicos. Mientras tanto, la Municipalidad sostiene una política tributaria que representa una importante presión sobre los contribuyentes, que a la par no ven reflejados sus impuestos en obras.
En ese contexto, la creación de un nuevo sistema institucional puede ser presentada como una herramienta necesaria, pero también obliga a discutir qué reciben los vecinos a cambio de los impuestos que pagan. La pregunta que aparece es si el incremento de la recaudación municipal se está traduciendo efectivamente en obras, infraestructura y mejores servicios en los barrios.
El proyecto establece que las medidas deben trascender las gestiones y convertirse en una política institucional permanente. El desafío, entonces, será que esa misma lógica de planificación y continuidad pueda trasladarse a las necesidades más concretas de la ciudad.
