(SALTA).- Por Renato Ocampo.- Existe en la política salteña una patología silenciosa que no figura en los índices macroeconómicos ni en los informes técnicos de gestión, pero que amenaza con carcomer la propia densidad de las instituciones: la indigencia discursiva. La praxis pública provincial atraviesa un trágico trance donde la caducidad estratégica y la superficialidad dejaron de ser accidentes para consolidarse como regla de gobierno. Tanto el oficialismo encaramado en el Grand Bourg como la emergente y estridente fuerza libertaria padecen el acelerado síndrome del paso del tiempo. Ambas facciones parecen haber olvidado de manera simultánea que la gravedad del cargo exige sustento doctrinario, y que la vacuidad de ideas jamás se resuelve mediante la pantalla de un teléfono inteligente, el uso de un filtro de moda o el anacrónico recurso de apegarse a una cámara vieja.
El grotesco de Vaqueros
La reciente inauguración del puente de Vaqueros ofreció una muestra impecable de este colapso, derivando en un espectáculo deplorable donde dos sectores irreconciliables lograron lo impensable: clausurar de golpe la brecha partidaria para unificar a los salteños en un mismo sentimiento de ajenidad y desdén. La puesta en escena comenzó con la clásica sobreactuación libertaria. Roque Cornejo, en una maniobra de proselitismo explícito, asumió el rol de improvisado locutor para bautizar la obra como el «Puente de la Libertad». Aquel mensaje —impostado, previsible y carente de toda carnadura intelectual— pretendió adscribir el mérito exclusivamente al Poder Ejecutivo Nacional, incurriendo además en la ligereza de enunciar una obviedad tributaria: que la estructura se levantó con los impuestos de los contribuyentes. La respuesta social en las calles fue tan inmediata como aplastante, pues si el esfuerzo financiero provino de la propia comunidad, no existe épica individual ni favor oficial que deba agradecerse.
Desde la acera de enfrente, la reacción del saencismo no fue más afortunada ni más lucida. El gobernador Gustavo Sáenz volvió a quedar atrapado en las redes de una estrategia de comunicación fragmentada, errática y profundamente desconectada del pulso social. En primer lugar, los cerebros de la propaganda gubernamental eligieron el peor momento posible para montar la escena, interfiriendo de manera insólita con el clima de introspección propio de la devoción del Milagro. Ante la indiferencia de la ciudadanía, la receta del aparato oficial consistió en recurrir a su reflejo condicionado: la sobreexposición del mandatario.
El Grand Bourg suele apostar por la fórmula desgastada del baile, el canto y el efectismo populista, difundiendo el material bajo la ingenua y paternalista convicción de que «a la gente le gusta». Basta una lectura somera de las opiniones digitales para constatar la magnitud del desacierto y el divorcio entre el libreto de palacio y la sensibilidad popular.
La deformidad del político-influencer
El problema de fondo excede la simple anécdota y radica en la subordinación absoluta del discurso público a las dinámicas del streaming y la pauta con creadores de contenido cuyo crédito se encuentra absolutamente agotado. Lo verdaderamente grave no es la escasez conceptual de estos intermediarios, sino el espejo deformante en el que ha decidido mirarse la clase dirigente. La política salteña exhibe hoy la misma vacuidad y falta de oficio que los propios influencers, con la agravante de que los gobernantes han decidido mutar para convertirse activamente en ellos. Se ha abandonado la elaboración programática, la complejidad del diagnóstico y el respeto por la responsabilidad de la investidura en favor del baile de moda, el directo improvisado y el remate efectista diseñado para durar quince segundos en la pantalla.
Esta ligereza cobra tintes de tragedia cuando se constata que la dirigencia avanza siempre un paso por detrás de las tendencias que pretende copiar. Aferrados a manuales de comunicación que caducaron hace años, los asesores del poder continúan dilapidando fortunas en pautas digitales y campañas virales, manteniéndose completamente sordos al cambio de época. Incapaces de leer el presente, los analistas de uno y otro lado persisten en vincular la imagen institucional a formatos y personajes que el propio electorado identifica como meros ignorantes funcionales. Esta convergencia degrada la conversación pública hasta un punto irreversible, donde el ciudadano ya no logra distinguir entre el mensaje de un mandatario provincial y la proclama de un vendedor ambulante de redes sociales.
El mal de «la nueva política»
Existe una compulsión exhibicionista en la política contemporánea que confunde la relevancia pública con la sobreexposición sistemática. Se consolido una casta dirigente —frecuentemente joven, doctrinariamente vacía y brutalmente oportunista— que convirtió a las plataformas digitales en su verdadero y único territorio de praxis, reduciendo la función pública a un vulgar despliegue de vanidades.
Es la era del «legislador espectáculo», aquel que prioriza financiar (con la nuestra) su propio programa de televisión o dejarse asesorar por un influencer de moda antes que someterse al dictamen de profesionales formados y capacitados para redactar leyes rigurosas.
En este degradado ecosistema, la demagogia tradicional no desapareció, sino que fue mutado de formato: hoy, sacarse una foto besando a un niño para colgarla de inmediato en las redes sociales no es un acto de empatía, sino el equivalente digital y milimétricamente calculado del viejo bolsón clientelar. Una puesta en escena tan efectista como miserable que confirma el naufragio de la sustancia política frente al imperio de la apariencia.
La sentencia de una fiesta terminada
Quienes gobiernan y quienes pretenden reemplazarlos no advirieron que la fiesta del contenido vacío y la superficialidad planificada llegó a su fin. Mientras la sociedad migra, según sondeos de opinión, a paso firme hacia un consumo crítico, desconfiado y hastiado del artificio, la clase política permanece encadenada a una estrategia zombi. No comprenden que abrazar la frivolidad digital en busca de aprobación ya no representa una jugada de audacia mediática, sino la confesión explícita e irremediable de la propia impotencia para ejercer el poder.
Cuando la gestión del Estado se reduce a la búsqueda desesperada del aplauso efímero en un algoritmo, la autoridad moral de las instituciones simplemente se disuelve. Y un poder que perdió la dignidad de su palabra, la sobriedad de su investidura y el respeto por sus administrados, no puede pretender otro destino que ser devorado por el más absoluto y merecido de los desprecios populares.
