(SALTA).- En búsqueda de «oxigenar las arcas provinciales y sostener la inversión en infraestructura», la Cámara de Senadores de Salta convirtió en ley dos iniciativas clave del Poder Ejecutivo. La decisión parlamentaria autoriza tanto la toma de un crédito por 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) como la emisión de un título de deuda pública por 150 millones de dólares, herramientas con las que la gestión provincial busca encarar sus compromisos financieros inmediatos sin descuidar el desarrollo de sectores productivos.
Durante el debate en el recinto, el oficialismo marcó la cancha política al defender el rumbo económico de la provincia en medio de un contexto complejo marcado por la tijera del Gobierno nacional sobre los giros federales. El senador por Cerrillos, Juan Cruz Curá, actuó como el principal vocero del proyecto y contrapuso la conducta fiscal del gobierno de Gustavo Sáenz con el «pesadísimo endeudamiento contratado en administraciones previas». Según argumentó el legislador, «la provincia logró reducir de manera sustancial la deuda heredada de 2016» sin caer en cesaciones de pago, honrando los vencimientos del Plan del Bicentenario aun a costa de las elevadas tasas del mercado internacional.
En relación con el bono por 150 millones de dólares, la bancada oficialista fundamentó que la medida no agrega un solo centavo de endeudamiento neto a las arcas salteñas. Su único objetivo es reperfilar los pagos pendientes para los próximos años y así evitar el estrangulamiento de los recursos corrientes frente al freno del envío de partidas y obras desde la Casa Rosada. Por su parte, el endeudamiento de 100 millones de dólares con el organismo internacional estará destinado rigurosamente a la ejecución de activos tangibles que generen empleo, impulso minero y mayor capacidad productiva en la región.
Entre las prioridades fijadas para este préstamo del BIRF figuran desembolsos estratégicos para fortalecer el nodo logístico y parque industrial de General Güemes, avanzar con la conectividad vial de la Ruta Nacional 51 en el tramo entre Campo Quijano y Chorrillos, desplegar infraestructura de agua y saneamiento en la Puna e impulsar la modernización del sector minero estatal.
Tras recibir el aval unánime de los senadores mediante votaciones individuales, ambas normas quedaron en condiciones de ser promulgadas por el gobernador, a la espera del posterior visto bueno del Ministerio de Economía de la Nación para formalizar las operaciones internacionales.
