(SALTA).- Los dos proyectos de financiamiento impulsados por el Gobierno de Gustavo Sáenz, que contemplan operaciones por hasta US$250 millones, ingresaron este jueves 17 de septiembre a la Cámara de Senadores provincial para continuar con su tratamiento legislativo. Las iniciativas, que habían recibido media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre, avanzaron así a una nueva instancia en medio de la controversia política generada por el pedido de autorización para tomar deuda.
Los proyectos fueron incluidos entre las Comunicaciones de la Cámara de Diputados incorporadas al Boletín de Asuntos Entrados de la sesión ordinaria de este jueves. Tras su ingreso, fueron derivados a las comisiones correspondientes para su análisis.
Dos operaciones de financiamiento bajo la lupa
El paquete aprobado en la Cámara baja contempla dos autorizaciones de financiamiento por un monto total de hasta US$250 millones. La primera prevé la emisión de títulos de deuda por hasta US$150 millones, destinados a refinanciar los vencimientos del Plan Bicentenario. La otra contempla un préstamo de hasta US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), orientado al financiamiento de obras de infraestructura, logística, agua, saneamiento y proyectos vinculados al desarrollo minero.
El tratamiento en Diputados estuvo marcado por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Ambos proyectos fueron aprobados sobre tablas, es decir, sin seguir el trámite legislativo ordinario de análisis previo en comisiones, una modalidad que generó cuestionamientos de distintos sectores opositores, entre ellos La Libertad Avanza, por tratarse el endeudamiento la única respuesta que ofrece el Gobierno provincial para asistir a las necesidades financieras.
El contexto cobra mayor importancia a la luz del reciente acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional y formalizado mediante el Decreto 493/26. Según el convenio, Salta reconoce deudas por $267.782 millones, mientras que la Nación admite obligaciones a favor de la Provincia por apenas $1868 millones, evidenciando una marcada diferencia entre los montos reconocidos por ambas partes.
