(SALTA).- La política salteña ingresó, con la devoción habitual por las disputas estériles, en una batalla tipográfica: quién se adjudica la paternidad de la tinta en el Presupuesto 2027. La provincia figura en el proyecto oficial como la segunda más favorecida en obras públicas geolocalizadas —$127.447 millones, solo por detrás de Buenos Aires—, un número contingente que en el Gran Bourg leen como una victoria de la gestión y, en la Casa Rosada, como una muestra de estricta disciplina fiscal y pragmatismo libertario.
En los pasillos de la gobernación salteña no hay margen para la duda. Gustavo Sáenz convirtió el puente aéreo a Buenos Aires en una oficina permanente de gestión. Su cercanía con la jefatura de Gabinete de Diego Santilli y su sintonía fina con las oficinas de Balcarce 50 le permitieron blindar proyectos clave para el norte, como la autopista en las rutas 9 y 34 ($69.114 millones) o los avances en la estratégica ruta 51 hacia el paso de Sico ($19.693 millones). Para el saenzcismo, las obras no cayeron del cielo ni son producto del azar ideológico; son el dividendo directo de la gobernabilidad que el mandatario provincial garantizó en el Congreso.
En la orilla opuesta, el ecosistema libertario salteño alista su propia narrativa publicitaria. La estrategia no requiere demasiada sofisticación académica: videos cortos en redes sociales, Emilia Orozco como vocera implacable del relato y una tropa legislativa adiestrada para amplificar el concepto central: «El presidente Milei manda los fondos a los salteños. Gracias, Presidente». La narrativa del oficialismo nacional busca obturar cualquier mérito de la política tradicional local y consolidar la idea de que la generosidad presupuestaria es una concesión graciosa del poder central a los ciudadanos, no una negociación institucional entre pares.
Mientras tanto, la distancia entre el microscopio político y la realidad cotidiana vuelve a ensancharse. Al salteño de a pie le resulta francamente indiferente la atribución del logro. El vecino juzga la política por sus resultados tangibles, no por las firmas en los despachos ni por los posteos en las redes: exige que las rutas no se cobren vidas, que el salario no pierda contra la inflación y que las obras de agua potable en la capital o en Cafayate finalmente se concreten.
El presupuesto proyecta un marco macroeconómico optimista: 4% de crecimiento, una inflación anual del 21,1% y el dogma innegociable del equilibrio fiscal. Sin embargo, la brecha entre el cálculo frío del Ministerio de Economía y la trinchera del día a día la terminará midiendo la gestión. Sáenz sabe que la paciencia institucional se agota; el liberalismo salteño confía en el peso simbólico de su marca. En el medio, una provincia entera aguarda que los anuncios en el Boletín Oficial se transformen, de una vez por todas, en asfalto y soluciones concretas.
