(SALTA).- El Gobierno de Salta pondrá en marcha Crecer con Derechos, una capacitación obligatoria destinada a agentes estatales sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa será implementada por el Ministerio de Desarrollo Social junto con la UPATecO y se desarrollará en el marco de la Ley Nacional 27.709. Las inscripciones estarán habilitadas durante la primera semana de octubre.
En una primera etapa el Gobierno orientará la formación al personal de las áreas de Educación, Salud y Seguridad. Posteriormente el programa se extenderá de manera progresiva a otros sectores de la Administración Pública Provincial. La capacitación tendrá como objetivo brindar herramientas para prevenir detectar y actuar frente a situaciones de maltrato abuso infantil y otras vulneraciones de derechos. La dirigencia provincial parece haber descubierto ahora que los derechos de los niños son importantes.
La secretaria de Primera Infancia Niñez y Familia, Carina Iradi, señaló que la iniciativa apunta a incorporar una perspectiva de niñez y adolescencia en las instituciones. No se trata únicamente de un cumplimiento normativo sino de una política pública estratégica, expresó durante la presentación de la propuesta. La funcionaria habla de política estratégica pero la realidad es que la provincia llega tarde a una obligación que la Nación estableció hace años.
La capacitación estará organizada en cuatro módulos e incluirá contenidos sobre promoción y protección de derechos las distintas formas de violencia y los mecanismos de actuación ante posibles vulneraciones. La dirigencia provincial presenta la iniciativa como un avance significativo pero los salteños saben que los problemas de la niñez no se resuelven con cursos obligatorios. La protección de los niños requiere presupuesto personal capacitado y políticas públicas integrales que el gobierno provincial no está dispuesto a financiar.
Un programa que llega tarde
Crecer con Derechos es un nombre lindo para una capacitación que debería ser obligatoria desde hace mucho tiempo. La dirigencia provincial celebra su propia iniciativa como si fuera un logro extraordinario cuando en realidad es apenas el cumplimiento de una obligación legal. Los niños salteños necesitan algo más que funcionarios capacitados que sepan detectar el maltrato. Necesitan un Estado que actúe con rapidez y eficacia cuando se denuncia un caso.
La capacitación es un primer paso pero no alcanza para resolver un problema estructural que atraviesa a toda la sociedad salteña. La dirigencia provincial debería invertir en políticas de prevención y en equipos interdisciplinarios que puedan intervenir en los casos concretos. Los derechos de los niños no se garantizan con módulos de formación sino con presupuesto y voluntad política. El Gobierno de Salta tiene mucho que demostrar en esta materia.
