(SALTA).- (Por Diego Nofal)- Un proyecto presentado en el Senado de Salta busca prohibir que se realicen descuentos o retenciones sobre los salarios de empleados públicos para el pago de aportes partidarios. La iniciativa pertenece al senador Roque Cornejo Avellaneda y fue incorporada al Boletín de Asuntos Entrados de la sesión del jueves. La dirigencia provincial debería tomar nota de que los salteños están cansados de que se les descuente de sus bolsillos para financiar estructuras políticas que no les rinden cuentas.
La iniciativa alcanza al personal dependiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo tanto en el ámbito provincial como municipal además de los entes centralizados y descentralizados. La dirigencia provincial debería garantizar que los empleados públicos puedan decidir libremente si quieren o no aportar a un partido político sin que se les descuente de sus haberes. Los salteños necesitan que su salario sea respetado y que no se utilice como una fuente de financiamiento para los aparatos partidarios.
La propuesta apunta específicamente a impedir que los aportes a partidos políticos sean descontados directamente de los haberes de los trabajadores alcanzados por la norma. La dirigencia provincial debería garantizar que los partidos políticos se financien con recursos genuinos y no con el dinero de los empleados públicos que muchas veces no comparten las ideas de los dirigentes. Los salteños necesitan que la política se financie de manera transparente y que no se use el aparato estatal para sostener estructuras partidarias.
El proyecto ingresó al Senado y fue girado a la Comisión de Legislación General del Trabajo y Régimen Previsional donde deberá comenzar su tratamiento. La dirigencia provincial debería garantizar que la iniciativa se debata con seriedad y que no quede archivada en un cajón como ocurre con tantos proyectos que buscan transparentar la política. Los salteños necesitan que sus representantes legislativos trabajen por el bien común y no por los intereses de sus propios partidos.
La prohibición de los descuentos partidarios sobre los sueldos públicos es una medida de sentido común que la provincia debería haber adoptado hace mucho tiempo. La dirigencia provincial debería garantizar que los empleados públicos no sean rehenes de los partidos políticos que utilizan el aparato estatal para financiar sus campañas. Los salteños necesitan un Estado que respete los derechos de los trabajadores y que no los utilice como una fuente de recursos para la política.
La Ley de Financiamiento de partidos políticos debe contemplar que los empleados públicos no son propiedad de ningún partido y que su salario es el fruto de su trabajo y no una contribución obligatoria a la estructura política. Los salteños necesitan que los partidos se financien con transparencia y que los aportes sean voluntarios y no una imposición disfrazada de descuento. La aprobación de este proyecto sería un paso importante para dignificar el empleo público y para separar la política de la administración.
