(SALTA).- La administración del intendente Lino Yonar quedó nuevamente bajo cuestionamientos en Campo Quijano por la falta de respuestas a una serie de pedidos de informe presentados desde el Concejo Deliberante. Según trascendió, serían más de 30 los requerimientos que no habrían obtenido respuesta durante la actual gestión municipal, mientras también existen cuestionamientos vinculados con la presentación de las rendiciones de cuentas.
La situación genera preocupación entre vecinos y concejales, principalmente por la necesidad de conocer con mayor precisión cómo se administran los recursos del municipio y cuál es el destino de los fondos públicos. El reclamo apunta a obtener información sobre las decisiones administrativas y financieras adoptadas por el Ejecutivo local.
Según señaló la periodista Cecilia Pastrana en El Caudillo, ya serían más de 30 los pedidos de informe que permanecen sin contestar. A esto se sumaría, de acuerdo con su testimonio, la falta de una rendición de cuentas clara ante el cuerpo deliberativo.
El planteo adquiere mayor relevancia frente a la intensa comunicación oficial de la Municipalidad, que habitualmente difunde a través de redes sociales y medios de comunicación distintas obras, intervenciones y actividades realizadas tanto en Campo Quijano como en La Silleta.
De acuerdo con lo señalado por Pastrana, además, parte de esas obras e intervenciones se realizaría con fondos provenientes del Gobierno provincial, pero se presentan como parte de la «Gestión Lino Yonar» por su publicidad. Esto abre otro interrogante respecto de los recursos que administra directamente el municipio y de la información que debe brindar el Ejecutivo al Concejo Deliberante.
Otra versión apunta al Concejo
Sin embargo, existen otras versiones que ponen el foco sobre el propio funcionamiento del Concejo Deliberante y relativizan los cuestionamientos dirigidos contra el Ejecutivo municipal. Fuentes consultadas por El Intra sostienen que el inconveniente estaría relacionado con el procedimiento administrativo utilizado por el cuerpo legislativo. Según esta versión, existiría falta de conocimiento sobre los mecanismos y plazos correspondientes para tramitar los pedidos de informe.
En ese escenario, algunos requerimientos podrían haber perdido sus plazos de respuesta porque la documentación no habría sido remitida correctamente o dentro del tiempo establecido. De confirmarse esta situación, la falta de respuestas no obedecería exclusivamente a una decisión del Ejecutivo municipal, sino también a errores en el procedimiento llevado adelante desde el propio Concejo.
El contrapunto deja planteada una disputa que excede la cantidad de pedidos pendientes: mientras un sector reclama mayor transparencia y respuestas sobre el manejo de los recursos municipales, otra versión sostiene que parte del problema estaría originado en la propia dinámica administrativa del cuerpo deliberativo.
Por ahora, el dato que atraviesa ambas versiones es la existencia de numerosos pedidos de información pendientes y la necesidad de determinar cuáles fueron efectivamente presentados en tiempo y forma, cuáles vencieron sus plazos y qué documentación vinculada con la ejecución de los recursos municipales fue puesta a disposición de los concejales.
