(SALTA).- La Corte Suprema de Justicia revocó el fallo que impedía aplicar el artículo del DNU 70/2023 mediante el cual el presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales. Esa legislación establecía, entre otras restricciones, un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
Al ir en más detalle en la decisión que ya causa controversia en organizaciones políticas, sociales y ambientales, se puede decir que el máximo tribunal no resolvió esencialmente que esas restricciones fueran inconstitucionales, sino que consideró que la organización que había iniciado el juicio no tenía legitimación suficiente para plantear el caso. El efecto práctico, sin embargo, es que queda liberada la aplicación de la derogación dispuesta por Milei.
El Gobierno privilegia libertad de inversión y eliminación de restricciones; sus críticos plantean soberanía territorial y control sobre recursos estratégicos. Salta combina frontera internacional, enormes superficies rurales, agua, minería de litio y cobre y territorios cercanos a recursos estratégicos. ¿qué capacidad conservará la provincia para conocer, condicionar o intervenir sobre grandes adquisiciones extranjeras de tierras vinculadas con proyectos mineros, agua o zonas fronterizas?
¿Por qué Salta está expuesta a la extranjerización de tierras?
Antes del debate en el Senado por la Ley de Tierras, un informe elaborado por el Observatorio de Tierras del PRIHA (Programa Interdisciplinario de Estudios Agrarios) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires advirtió que alrededor del 5% de la superficie del país se encuentra en manos de propietarios extranjeros. No obstante, ese porcentaje se duplica en la provincia, debido a que el 11,3% de las tierras rurales provinciales ya pertenece a propietarios extranjeros. Dentro de Salta, nueve departamentos superan el límite del 15% establecido por la Ley 26.737.
Con esta decisión, ese porcentaje podría superarse debido a los recursos estratégicos y naturales que hay en la región, que ya son un llamador de proyectos mineros, pero también vitivinícolas, turísticos e inmobiliarios. En contraste con la realidad de las comunidades indígenas, son cada vez más las propuestas de negocio que requieren una vasta intervención en tierra salteña, como lo es el caso Quebracho Colorado SA, una sociedad extranjera que acumula pedidos para intervenir casi 80.000 hectáreas de bosque nativo en la provincia de Salta. A partir de ahora, las alternativas para ir vuelta atrás con la resolución de la Corte son pocas, por lo que la provincia está más expuesta a los intereses extranjeros al derogarse la Ley Nacional de Tierras Rurales
