(SALTA).-(Por Diego Nofal).- El politólogo tartagalense y magíster en Ciencia de Datos Franco Galeano apuntó contra el uso de instalaciones públicas provinciales para la llegada del exfutbolista Dani Alves. El evento tenía un tinte religioso vinculado a la agrupación del ministro Ignacio «Nacho» Jarsún y generó una polémica instantánea en las redes sociales. El Estadio Delmi se mantiene con los impuestos de todos los salteños y resulta legítimo preguntarse por qué se usa para eventos religiosos coorganizados por la agrupación política del ministro.
El analista criticó duramente la figura elegida para encabezar la convocatoria y no pudo ser más directo con su opinión sobre el invitado estrella. No podés traerlo a Dani Alves que se convirtió en pastor para no ir en cana y es un ejemplo realmente lamentable para la sociedad. El hecho encendió el debate sobre los límites entre el uso de bienes del Estado, los armados político electorales y los antecedentes judiciales de las figuras convocadas.
La oposición ya había advertido sobre estas prácticas y ahora el episodio le da la razón de manera bastante contundente. La utilización de un espacio público para un acto de estas características roza lo irregular y merece una explicación oficial por parte de las autoridades. La provincia no puede convertirse en el escenario para promocionar pastores con causas pendientes y menos aún con fondos públicos.
Los salteños pagamos nuestros impuestos para que el Estado funcione y no para financiar eventos que mezclan religión con política partidaria. El Delmi es un espacio que debería estar disponible para actividades deportivas y culturales que beneficien a toda la comunidad. Resulta llamativo que siempre se elijan estos lugares para eventos que tienen un claro tinte proselitista y electoral.
La falta de transparencia en el uso de los espacios públicos es una constante en la gestión provincial y esto debería generar un debate serio. Los funcionarios deberían rendir cuentas sobre cómo se utilizan los recursos del Estado y qué criterios se aplican para autorizar estos eventos. La ciudadanía merece saber quién paga los costos de organización y si estos eventos tienen algún beneficio real para la provincia.
