(SALTA).- El Gobierno de Salta distribuyó $1.928.535.843 entre seis municipios para ejecutar obras deportivas, urbanas y comunitarias. Todas fueron aprobadas el mismo día por la Secretaría de Obras Públicas y adjudicadas mediante contrataciones abreviadas a las intendencias beneficiadas.
Iruya recibirá $248,4 millones para ampliar y mejorar su polideportivo. La Caldera administrará $289,2 millones para restaurar el monumento al Cristo Penitente, mientras que La Viña dispondrá de otros $283 millones para construir la segunda etapa de una sala velatoria.
La mayor partida corresponde a Salvador Mazza, con $427,5 millones para pavimentar con adoquines la calle Sarmiento. Joaquín V. González recibirá $334,4 millones para una primera etapa de pavimento de hormigón y San Carlos tendrá $346,1 millones para adoquinar la calle Bartolo Casimiro.
Las seis resoluciones fueron firmadas el 25 de septiembre. La Provincia aprobó los proyectos, aportará los recursos y suscribirá los convenios, pero dejó la ejecución en manos de cada municipio. El procedimiento evitó una licitación pública provincial en la que diferentes empresas pudieran competir directamente por las obras.
Responsabilidad con los fondos
La contratación abreviada con una municipalidad está prevista por la legislación salteña y no supone por sí misma una irregularidad. La cuestión central comienza después: cada intendencia deberá comprar materiales, contratar personal o seleccionar empresas, sin que las resoluciones expliquen qué procedimiento utilizará ni quién controlará esos gastos.
La concentración de las seis adjudicaciones en una misma jornada abre una pregunta política inevitable: ¿se trata solamente de una forma rápida de ejecutar obra pública o también de un mecanismo para transferir recursos y capacidad de gestión a intendentes aliados en la antesala del año electoral?
Los fondos tienen destinos específicos y deberán rendirse, pero las obras también ofrecen visibilidad territorial, contratación local y margen de decisión a cada jefe comunal. La respuesta dependerá de quiénes ejecuten los trabajos, cómo se distribuyan los anticipos y si este esquema se extiende durante los próximos meses a otros municipios cercanos al Gobierno provincial.
