(SALTA).- El Ministerio de Educación de Salta exoneró a dos docentes condenados por abuso sexual contra alumnas menores de edad. Según información a la que accedió El Intra, uno de los sumarios había comenzado en 2022 y otro expediente se arrastraba desde 2023. Las sanciones definitivas recién fueron firmadas en octubre de 2026.
Los agentes son José Hipólito Paz, maestro especial de Educación Artística de la escuela Nº 4454, y Sergio Adrián Mercado, maestro de grado de la escuela Nº 4733. Ambos fueron condenados a tres años de prisión condicional por delitos agravados debido a que estaban encargados de la educación de las víctimas.
En el caso de Paz, la investigación administrativa comenzó a partir de una denuncia por abuso sexual contra una alumna. Educación activó el protocolo, lo separó del cargo y ordenó el sumario en 2025. La sentencia penal y los dictámenes internos determinaron que había cometido una falta gravísima incompatible con la función docente.
El expediente de Mercado muestra una demora mayor. Las actuaciones fueron iniciadas en 2018 y el sumario administrativo recién se ordenó en 2022. La Junta de Calificación aconsejó su expulsión en 2025, pero la exoneración fue resuelta el 5 de octubre de 2026, cuatro años después de comenzado ese procedimiento disciplinario.
Mercado fue condenado por abuso sexual simple reiterado, agravado por haber sido cometido contra una menor por una persona encargada de su educación. Paz recibió una condena por abuso sexual simple con el mismo agravante. En ambos casos, Fiscalía de Estado consideró que correspondía aplicar la sanción máxima prevista por el Estatuto del Educador.
La documentación no precisa cuánto tiempo transcurrió entre las condenas penales y las exoneraciones ni informa si los docentes continuaron percibiendo haberes mientras avanzaban los sumarios. Tampoco explica por qué el trámite contra Mercado, iniciado ocho años atrás, necesitó cuatro años desde la apertura formal del sumario para llegar a una resolución definitiva.
Las exoneraciones cierran administrativamente los dos casos, pero dejan abierta una cuestión de interés público: cuánto demora el sistema educativo provincial en apartar definitivamente de sus filas a docentes ya condenados por delitos contra sus propias alumnas. También deberá conocerse qué controles fallaron y qué medidas adoptó Educación para proteger a las comunidades escolares durante esos años.
