(SALTA).- El Concejo Deliberante de Salta exigió a la gestión de Emiliano Durand que informe cuánto dinero destinó al programa Puntos de Apoyo Alimentario y qué empresas o entidades fueron contratadas para proveer la comida. Según información a la que accedió El Intra, el pedido también alcanza al origen de los fondos y a los mecanismos utilizados para controlar los gastos.
La Solicitud de Informe 31 fue aprobada dentro del expediente 135-3112/26. El Departamento Ejecutivo tendrá un plazo de 15 días desde su recepción para responder y remitir la documentación en formato impreso y digital, conforme al régimen municipal de acceso a la información.
El primer interrogante apunta a la existencia misma del programa. Los concejales pidieron saber si fue creado mediante una ordenanza, un decreto o una resolución y reclamaron una copia del instrumento. También solicitaron conocer el presupuesto asignado desde su implementación y la procedencia del dinero.
El cuerpo deliberativo quiere determinar cuántos puntos alimentarios funcionan, dónde están ubicados y a qué población asisten. Además, requirió información sobre la cantidad de módulos entregados, la frecuencia de las entregas, el contenido nutricional y los criterios utilizados para incorporar o dar de baja a los beneficiarios.
Compras y convenios
Uno de los puntos más sensibles se refiere a las compras. La Municipalidad deberá presentar el listado completo de proveedores de alimentos e identificar el procedimiento utilizado en cada adquisición. Esto permitirá establecer si existieron licitaciones, contrataciones abreviadas, adjudicaciones simples o compras directas.
El pedido también reclama copias de los convenios celebrados con organismos públicos, instituciones privadas u organizaciones sociales. A su vez, exige explicar cómo se controla la recepción, el almacenamiento, la conservación, el transporte y la distribución de los alimentos adquiridos con recursos municipales.
El Concejo pidió conocer quiénes son las autoridades responsables del programa, qué personal interviene y qué auditorías internas o externas se realizaron. La amplitud del cuestionario deja en evidencia que la información básica sobre presupuesto, proveedores, beneficiarios y controles no se encontraba disponible para el órgano legislativo.
La respuesta permitirá medir la dimensión económica de una política social que opera sobre uno de los sectores más vulnerables de la ciudad. Hasta entonces, la gestión de Durand deberá explicar cuánto gastó, a quiénes les compró y qué controles aplicó para garantizar que los alimentos llegaran efectivamente a sus destinatarios.
