(SALTA).- El Gobierno de Salta adjudicó en venta 61 terrenos fiscales por un valor conjunto de $298.290.972 y permitió que los beneficiarios los paguen hasta en 100 cuotas mensuales. Según información a la que accedió El Intra, la medida fue formalizada mediante el Decreto 621/2026.
La mayor parte de los inmuebles se encuentra en la urbanización Islas Malvinas, en Rosario de Lerma. La nómina también incluye una parcela situada en La Merced. El anexo identifica individualmente a los adjudicatarios, las matrículas catastrales, las superficies y el precio asignado a cada lote.
La operación se realizó mediante venta directa a los ocupantes actuales, sin un procedimiento competitivo. Esa modalidad responde a que los beneficiarios ya habitan los terrenos y tramitaron su regularización dominial ante la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado.
Los valores no son iguales para todos los lotes. Surgen de las tasaciones incorporadas al expediente y, sumados, alcanzan casi $300 millones. El decreto establece que los adjudicatarios podrán cancelar el precio al contado o financiarlo hasta en 100 mensualidades, equivalentes a más de ocho años.
La decisión permitirá que decenas de familias obtengan el título de propiedad de los terrenos que ocupan. Sin embargo, la documentación publicada no permite conocer cuánto tiempo lleva cada expediente, qué criterios se utilizaron para determinar el orden de las adjudicaciones ni si las valuaciones fueron actualizadas antes de autorizar las ventas.
Tampoco se informa cuál será el valor inicial de las cuotas, cómo se actualizarán durante los más de ocho años de financiación ni qué ocurrirá si los adjudicatarios incumplen los pagos. Esos datos resultan centrales para establecer el beneficio económico real concedido por el Estado.
La regularización dominial constituye una política necesaria para quienes construyeron sus viviendas sobre tierras fiscales. Pero la magnitud de la decisión también exige conocer si existieron relevamientos sociales, controles sobre la ocupación efectiva y restricciones para impedir que los lotes sean vendidos inmediatamente después de obtenerse las escrituras.
La medida se adopta mientras comienza a ordenarse el escenario electoral provincial. El decreto no demuestra que las adjudicaciones persigan una finalidad política, pero la entrega simultánea de 61 terrenos con una financiación excepcionalmente extensa obliga a transparentar los criterios, las tasaciones y la antigüedad de cada trámite.
