(SALTA) – (Por Diego Nofal).- La decisión final de la Agencia Nacional de Seguridad Vial confirmó la baja definitiva de los cuatro radares ubicados sobre la Ruta 9 a la altura del municipio de Vaqueros. Esta medida representa un alivio para miles de automovilistas que transitan diariamente por esa zona y que habían sido afectados por multas excesivas. La municipalidad de Vaqueros había instalado estos cinemómetros con la promesa de mejorar la seguridad vial en un tramo considerado peligroso.
Sin embargo, la polémica se desató cuando los conductores comenzaron a recibir una cantidad desproporcionada de infracciones por supuestas velocidades máximas excedidas. Las protestas se multiplicaron y muchos afectados presentaron recursos judiciales ante los tribunales de cuenta, denunciando irregularidades en el funcionamiento de los equipos. La investigación posterior reveló que la municipalidad de Vaqueros no había presentado los informes técnicos requeridos en tiempo y forma ante las autoridades competentes.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial rechazó el recurso presentado por la municipalidad y confirmó la baja de la homologación y autorización de los cuatro cinemómetros instalados sobre la Ruta Nacional 9. Los equipos habían sido habilitados en 2022, pero el municipio nunca presentó los certificados de verificación periódica exigidos por la normativa vigente. La decisión quedó firme en sede administrativa mediante la Disposición 326/2026, dejando sin efecto la capacidad recaudatoria de estos dispositivos.
Esta situación genera una preocupación importante para las autoridades municipales de Vaqueros, puesto que dejarán de percibir una suma significativa de dinero proveniente de las multas. La mayoría de los municipios reciben ingresos por infracciones cometidas dentro de su ejido urbano, pero Vaqueros recaudaba sobre cualquier vehículo que transitara por la ruta nacional. Esto representaba un volumen mucho mayor de dinero y de personas multadas, lo que generaba un flujo constante de recursos.
La decisión de la Agencia Nacional de Seguridad Vial sienta un precedente importante para otros municipios que podrían estar utilizando radares de manera irregular. La falta de documentación técnica adecuada y la ausencia de certificaciones periódicas son elementos que deben ser controlados rigurosamente por las autoridades provinciales y nacionales. Los ciudadanos tienen derecho a transitar por las rutas sin temor a ser multados injustamente por equipos que no cumplen con los requisitos legales.
El fallo también pone en evidencia la necesidad de que los municipios prioricen la seguridad vial por encima de la recaudación económica. Los radares deben ser herramientas para prevenir accidentes y salvar vidas, no instrumentos para llenar las arcas municipales a costa de los conductores. La educación vial y la señalización adecuada son medidas más efectivas para reducir la siniestralidad en las rutas de la provincia de Salta.
