(SALTA).- El Gobierno de Salta aprobó con catorce meses de demora la prórroga del alquiler de un edificio utilizado por el Ministerio de Educación y Cultura. El inmueble está ubicado en Caseros 1075/1081 y pertenece a Emprendimientos Inmobiliarios SRL, una sociedad controlada por la familia Chibán.
El contrato comenzó a regir el 1 de agosto de 2025, pero recién fue aprobado el 6 de octubre de 2026 mediante el Decreto 627. La diferencia entre ambas fechas deja al descubierto que el acuerdo se formalizó cuando llevaba más de un año de ejecución y todavía le restaban menos de diez meses para finalizar.
El canon fue establecido en $14,5 millones mensuales, con actualizaciones cada cuatro meses según el Índice de Precios al Consumidor. El valor inicial equivale a $174 millones por año y a $348 millones durante los dos años previstos, aunque el desembolso efectivo será considerablemente mayor por los reajustes acumulados.
El documento presenta una particularidad adicional. Una de sus cláusulas establece que el acuerdo no produciría efectos hasta ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la prórroga comenzó en agosto de 2025 y el decreto apareció catorce meses después. Falta establecer con qué instrumento se pagaron los alquileres durante ese período y cuál es el canon actualizado que afronta actualmente la Provincia.
La familia propietaria del inmueble
Emprendimientos Inmobiliarios SRL fue constituida en 2012 por Héctor Manzur Chibán e Irene Moreno de Chibán. En 2013, las cuotas fueron transferidas a sus hijos Héctor Martín Chibán, María Fernanda Chibán y Tomás Ignacio Chibán, quienes quedaron con participaciones iguales del 33,33%.
Aunque dejó de integrar formalmente el capital de la sociedad, Héctor Manzur Chibán continuó al frente de su representación. Su nombre aparece como gerente en el nuevo contrato y también figuró en los acuerdos anteriores celebrados con Educación. La relación locativa con el Estado se remonta, al menos, a 2017 y fue prorrogada sucesivamente en 2020, 2022 y ahora hasta julio de 2027.
En 2022, la Provincia había fijado un alquiler inicial de $1,36 millones mensuales, ajustable semestralmente. Tres años después, el nuevo convenio partió de $14,5 millones y acortó la actualización a cuatro meses. Además del costo, el expediente deja pendiente una explicación administrativa: por qué el Gobierno tardó catorce meses en aprobar un alquiler que ya había comenzado y cuánto terminó pagando durante ese lapso.
