(SALTA).- (Por Federico Mena Saravia).- Rio Tinto difundió órdenes de compra por USD 696,2 millones en sus operaciones argentinas durante el período 2025/2026 y presentó un nuevo portal de proveedores. El anuncio ofrece una cifra de impacto, pero omite información indispensable para evaluar su alcance en Salta: a qué empresas compra, cuánto contrata con cada una y en qué localidades están radicadas. El volumen general ocupa el centro de la comunicación; el detalle de los beneficiarios queda afuera.
Según la información de la compañía publicada por Salta Mining, el 79% del valor de las órdenes correspondió a proveedores argentinos y el 50% a empresas del Noroeste. Tomando esos porcentajes redondeados, alrededor de USD 550 millones fueron contratados con firmas nacionales y USD 146,2 millones con proveedores del exterior. Los USD 696 millones anunciados incluyen, por lo tanto, compras internacionales.
Dentro del monto nacional, aproximadamente USD 348,1 millones correspondieron al NOA y USD 201,9 millones a proveedores del resto de Argentina. La distribución puede expresarse con claridad: la mitad de las compras fue para el Noroeste, el 29% para otras regiones argentinas y el 21% para el exterior. Ese desglose permite comprender el anuncio, pero todavía no responde cuánto recibió Salta.
El NOA comprende seis provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, conforme a la clasificación de Cancillería. Presentar una cifra para toda esa región reúne realidades económicas distintas. Para una empresa salteña, un trabajador o un vecino interesado en los beneficios de la minería, el porcentaje regional resulta insuficiente: hace falta conocer la participación provincial y su distribución territorial. (cancilleria.gob.ar)
Hagamos una cuenta sencilla. Si los USD 348,1 millones del NOA se repartieran en partes iguales entre sus seis provincias, a Salta le corresponderían aproximadamente USD 58,02 millones. Eso equivaldría al 16,67% del monto regional y al 8,33% de todas las compras informadas. El cálculo pone en perspectiva la cifra inicial y conduce a una pregunta concreta: ¿la participación salteña estuvo por encima o por debajo de ese porcentaje?
Rio Tinto tiene la información necesaria para responder. Una compañía de semejante escala administra contratos, identifica proveedores y registra montos. Por eso, cabe preguntarse si la decisión de comunicar cifras agregadas y omitir el detalle responde a una elección deliberada sobre qué mostrar. El anuncio no permite establecer ese propósito, pero la omisión merece ser cuestionada: impide conocer quiénes concentran las contrataciones y cómo se distribuyen las oportunidades.
El listado de proveedores debería ser público, con la razón social, el monto contratado y la ubicación de cada empresa. El periodismo quiere saber a qué firmas les compra Rio Tinto y quiénes son sus dueños. Esa información permitiría analizar la participación de las pymes, la concentración de contratos y el lugar que ocupan las empresas de las localidades próximas a las operaciones. Contar proveedores sin identificarlos deja incompleta esa evaluación.
También corresponde informar cuánto de esas órdenes fue ejecutado y pagado. La comunicación difundida habla de órdenes de compra, una categoría que no equivale automáticamente a desembolsos realizados. Si la intención es mostrar el aporte a la economía local, el balance debería permitir conocer tanto las contrataciones como los pagos, provincia por provincia y proveedor por proveedor.
Rio Tinto eligió destacar USD 696 millones, pero dejó sin publicar en ese anuncio el detalle que permitiría examinar sus compras en Salta. Una cifra grande puede servir para promover una imagen de desarrollo; un listado verificable permite discutir sus resultados. La pregunta sigue abierta: cuánto recibe Salta, qué empresas reciben ese dinero y quiénes están detrás de ellas. Publicar esa información sería una respuesta concreta.
