(SALTA).- El Gobierno nacional anunció gestiones para atraer inversiones a los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas, después de los reclamos de Gustavo Sáenz. La respuesta abre una instancia de negociación, aunque todavía deja pendiente el punto central planteado por Salta: que la recuperación de esas conexiones ferroviarias figure como una obligación en los pliegos de licitación y no dependa únicamente del interés privado.
La iniciativa nacional contempla convocar a empresas mineras y operadores logísticos para analizar mejoras en la capacidad del C-14 y promover la búsqueda de fondos privados para el C-15. Son gestiones que pueden contribuir a la recuperación ferroviaria, pero no equivalen, por sí mismas, a una garantía contractual de ejecución. Allí aparece la diferencia entre la respuesta anunciada y la exigencia provincial.
Sáenz viene reclamando que ambas trazas tengan inversiones obligatorias. Según explicó, lleva más de un mes realizando gestiones ante distintas áreas nacionales para modificar su tratamiento como obras optativas. El planteo fue acordado también con las siete cámaras de la Mesa Productiva y Empresarial de Salta, lo que le dio al reclamo un respaldo que trasciende al Gobierno provincial.
La diferencia está en lo que exijan los pliegos
La discusión tiene consecuencias prácticas. Si las inversiones quedan sujetas a decisiones comerciales futuras, su realización dependerá de que las empresas encuentren condiciones atractivas para financiarlas. Incorporarlas como obligaciones permitiría exigir su cumplimiento bajo las condiciones establecidas en la contratación. Para Salta, esa diferencia resulta decisiva: necesita previsibilidad sobre conexiones que afectan la competitividad de su producción.
El C-14 ofrece una salida hacia Chile y el C-15 conecta con Bolivia. Sáenz sostuvo que las desventajas logísticas encarecen entre un 30% y un 40% el traslado de la producción salteña respecto de otras regiones. Su cuestionamiento apunta a que la reorganización del ferrocarril no consolide esas diferencias dejando para una decisión posterior las obras que necesita el norte.
La búsqueda de capital privado puede formar parte de la solución. El interrogante es qué ocurrirá si ese financiamiento no aparece o si las inversiones propuestas cubren solamente una parte de las necesidades. Una convocatoria empresarial permite explorar alternativas; una obligación incorporada al contrato define responsabilidades. La respuesta al reclamo salteño deberá medirse en ese terreno.
Por eso, el avance de las conversaciones no cierra la discusión. El próximo paso será conocer si Nación modifica las condiciones de la licitación y establece compromisos verificables para ambos ramales. Sáenz consiguió instalar la demanda de Salta en la agenda nacional; ahora necesita que esa atención se traduzca en obras exigibles, con responsables y condiciones de cumplimiento.
