(SALTA).- El gobernador Gustavo Sáenz inició el procedimiento para que Fabián Vittar obtenga su cuarto mandato consecutivo en la Corte de Justicia de Salta. El magistrado ingresó en noviembre de 2008 y, si recibe un nuevo acuerdo por diez años, podría permanecer hasta 2036. Para entonces habrá acumulado 28 años en el máximo tribunal provincial y tendrá 71 años. Su postulación reabre una controversia sobre la aplicación de la reforma constitucional de 2021 y los límites a la permanencia de los jueces.
Vittar fue designado por primera vez en 2008 y obtuvo nuevas designaciones en 2014 y 2020, todas por períodos de seis años. Ahora, mediante el Decreto 682/2026, Sáenz impulsó su continuidad por otros diez. El procedimiento incluye una instancia de participación ciudadana y posteriormente deberá intervenir el Senado. Si se concreta, será su cuarta designación consecutiva y podrá completar casi tres décadas ocupando un sillón de la Corte.
La reforma constitucional de 2021 estableció que los integrantes del máximo tribunal duran diez años en sus funciones y no pueden ser nombrados nuevamente. Sin embargo, la interpretación aplicada a quienes ya estaban en funciones permite considerar una nueva designación bajo el régimen reformado. Esa distinción es la que podría permitir que Vittar continúe hasta noviembre de 2036, pese a haber recibido tres acuerdos anteriores.
El caso Mariño y la contradicción
La contradicción política e institucional aparece, sin embargo, al considerar lo sucedido con Gonzalo Mariño y Hugo Pfister Aráoz. Ambos magistrados cuestionaron la aplicación del límite de 70 años introducido por la Constitución de 2021. Habían ingresado al Poder Judicial bajo las reglas anteriores y reclamaron que se respetaran las condiciones de sus nombramientos. La Corte, de la que forma parte Vittar, resolvió que el nuevo límite de edad también alcanzaba a los jueces inferiores designados antes de la reforma.
En febrero de 2025, mediante la Acordada 14302, el máximo tribunal dispuso el cese de los magistrados inferiores alcanzados por el límite etario. En junio de ese año rechazó los amparos de Mariño y Pfister Aráoz y dejó sin efecto la cautelar que permitía su continuidad. Ambos llevaron el conflicto a la Corte Suprema de la Nación, donde la Procuración General dictaminó, el 11 de julio de 2025, que correspondía intervenir a la Justicia provincial. No se ha podido confirmar una sentencia definitiva posterior del máximo tribunal nacional.
El contraste con Vittar es evidente, aunque las disposiciones jurídicas sean diferentes. Para los magistrados inferiores, la Corte sostuvo la aplicación inmediata del nuevo límite de edad. Para los integrantes del propio tribunal, en cambio, se ha admitido una interpretación transitoria que permite nuevas designaciones a quienes ya habían cumplido mandatos anteriores. En un caso, la reforma puso fecha de salida; en el otro, permite considerar una continuidad de diez años adicionales.
La relación entre ambos antecedentes resulta todavía más significativa. Durante el debate legislativo de mayo de 2025 sobre la continuidad de Pablo López Viñals, el Senado invocó el fallo Mariño para defender la posibilidad de que los jueces de la Corte designados antes de la reforma accedieran a un nuevo mandato. En mayo de 2026, Mariño seguía cuestionando esas renovaciones y mencionaba su causa ante la Corte Suprema. El conflicto, por lo tanto, continuó más allá de su apartamiento del cargo.
Vittar nació el 20 de enero de 1965 y cumplirá 70 años en enero de 2035. Si obtiene el nuevo acuerdo, esa fecha llegará cuando todavía le falte casi un año y diez meses para completar su cuarto mandato. El límite etario que afectó a Mariño y Pfister Aráoz corresponde constitucionalmente a los magistrados inferiores, no a los jueces de la Corte. Esa diferencia vuelve relevante la discusión sobre las consecuencias de una misma reforma para distintas categorías de magistrados.
El Gobierno provincial abrió el procedimiento para recibir adhesiones y objeciones a la candidatura. Luego será el Senado el encargado de decidir si Vittar continúa en la Corte. La discusión comprende también la interpretación constitucional que permitiría que un magistrado complete cuatro mandatos consecutivos y 28 años en uno de los cargos judiciales más importantes de Salta.
