(SALTA).- La Municipalidad de Salta, bajo la gestión de Emiliano Durand, readjudicó por $32.531.738 una compra de guantes, antiparras, mamelucos, delantales para soldadura y máscaras con filtros para trabajadores de las plantas asfáltica y hormigonera. Esos cinco renglones habían sido otorgados inicialmente por $16.602.800. El cambio de proveedor elevó el monto en casi $16 millones.
Según la documentación a la que accedió El Intra, la adjudicación original correspondía a Soluciones Integrales Salta, de Virginia del Rosario Ibarra Estrada. La proveedora no habría presentado la garantía requerida, según el municipio, para confeccionar la orden de compra, lo que habría derivado en la caída de la adjudicación.
La Comisión Evaluadora recomendó rescindir el vínculo por responsabilidad de la adjudicataria y avanzar con Atenor SRL, que ocupaba el siguiente lugar en el orden de evaluación. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 764/2026, firmada el 28 de agosto por el coordinador de Contrataciones, Daniel Benito, y publicada el 14 de octubre.
Los argumentos para aceptar una oferta casi dos veces más cara
La Municipalidad sostuvo que Atenor había presentado una oferta formalmente admisible, cumplía las especificaciones técnicas y mantenía un precio global inferior al presupuesto oficial correspondiente. La empresa ratificó sus precios y condiciones. Asesoría Legal recomendó avanzar con la adjudicación y Auditoría Interna consideró que el procedimiento no era objetable.
La readjudicación comprende 80 pares de guantes para altas temperaturas, 50 antiparras, 300 mamelucos de protección química, 40 delantales para soldadura y 40 máscaras de rostro completo con filtros. Para cuatro renglones se aceptó la oferta base de Atenor; para las antiparras, una alternativa. El pago se estableció en dos partes: 50% contra entrega y factura conformada, y el resto a los 30 días.
La diferencia entre ambas adjudicaciones alcanza los $15.928.938, un 95,94%. La resolución explica el reemplazo de la proveedora, pero no detalla los precios unitarios ni las marcas que permitan reconstruir por qué las propuestas estaban tan alejadas. Tampoco desarrolla qué características distinguían a las antiparras incluidas como oferta alternativa.
El expediente fue enviado al área legal para evaluar la aplicación del régimen de sanciones a la primera adjudicataria. La compra dejó así dos cuestiones pendientes: las consecuencias del presunto incumplimiento y el detalle económico que permita explicar el salto de precio. El municipio justificó la elección por el orden de evaluación y el presupuesto disponible; para los mismos cinco renglones terminó autorizando una contratación por casi el doble.
