(SALTA).- Federico Posadas terminó reconociendo durante su interpelación en la Legislatura de Jujuy que su esposa había sido contratada por el Gobierno provincial. La admisión llegó después de que el ministro de Cultura y Turismo negara contrataciones desde su cartera y un diputado oficialista insistiera en que debía responder por cualquier repartición del Estado.
El primer planteo fue del diputado Juan Manuel Soler, quien preguntó por contrataciones de Valentina Moisés y afirmó tener órdenes de pago a su nombre. Posadas negó que su ministerio la hubiera contratado. “Por parte de mi ministerio no hay absolutamente nada”, aseguró, y sostuvo que incluso había impedido su participación en escenarios, lo que le había generado discusiones matrimoniales.
Soler mantuvo el cuestionamiento y ofreció entregar los documentos. “Acá son órdenes de pago del propio gobierno de la provincia de Jujuy del 13 de octubre del 2020”, señaló. El ministro volvió a delimitar su respuesta: “Por parte del Ministerio de Cultura y Turismo jamás”. La pregunta sobre los pagos provinciales quedó abierta.
Un diputado oficialista le exigió una respuesta más amplia
Fue Diego Rotela, del Frente Jujuy Crece, quien retomó el asunto y rechazó que la discusión se limitara al organismo que había pagado. “Su esposa es proveedora del Estado y su esposa cobró como proveedora del Estado”, planteó al pedir una definición. También reclamó que los documentos mencionados por Soler quedaran a disposición de toda la Cámara.
El salteño Posadas respondió entonces que su esposa había desarrollado una actividad vinculada con el teatro y admitió una contratación que ubicó en 2020. “Es posible porque tengo poca memoria”, introdujo antes de mencionar al Ministerio de Desarrollo Social y una actividad por el Día del Niño. Después afirmó que había sido un solo evento y que no existieron contrataciones posteriores.
La explicación tampoco cerró el intercambio. Rotela advirtió que había diferencias entre lo expuesto por el ministro y las referencias del diputado denunciante. “Dejo constancia que acá alguien nos está mintiendo”, expresó, y volvió a exigir la presentación de las pruebas. El reclamo provino del propio oficialismo, que pidió esclarecer los pagos y sus fechas.
Lo que comenzó con una negativa circunscripta a su ministerio terminó con el reconocimiento de una contratación provincial. Posadas sostuvo que su esposa ya no prestaba esos servicios, pero la secuencia dejó una pregunta que debió responder por insistencia de los legisladores: si había cobrado del Estado. La respuesta afirmativa llegó después de varias intervenciones y de un reclamo explícito desde las filas del Gobierno.
