(SALTA).- El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó públicamente a los legisladores nacionales de La Libertad Avanza que no acompañaron su reclamo por las obras del Belgrano Cargas. El mandatario denunció que los ramales C14 y C15 quedaron como inversiones optativas en los pliegos de privatización impulsados por el Gobierno de Javier Milei y reprochó el silencio de representantes salteños que, según sostuvo, prefirieron no confrontar con la Casa Rosada.
La controversia comenzó cuando Sáenz advirtió que la futura concesión ferroviaria, prevista por 50 años, no garantiza la recuperación de dos corredores estratégicos para la economía regional. El C14 permite la conexión con Chile a través de Socompa, mientras que el C15 vincula el norte argentino con Bolivia. Ambos resultan fundamentales para el transporte de minerales, productos agroindustriales y otras cargas destinadas a mercados internacionales.
Durante una actividad oficial realizada el jueves 15 de octubre, el gobernador profundizó sus cuestionamientos. “Muchos sí miraron para otro lado y no los escuché hablar nada ni decir nada sobre el tema”, afirmó. También reclamó que los legisladores expliquen ante los salteños qué hicieron para defender la infraestructura ferroviaria de la provincia.
Las críticas alcanzaron políticamente a los senadores nacionales Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, y a los diputados Carlos Zapata, Gabriela Flores y Eliana Bruno. Según la información difundida sobre el conflicto, el diputado libertario Julio Moreno fue quien sí expresó públicamente su posición sobre el reclamo. Sáenz no individualizó a los destinatarios durante su discurso, pero cuestionó la falta de acompañamiento de representantes nacionales.
Las obras que Salta exige y la respuesta de Milei
El punto central de la controversia está en las condiciones de la licitación. Mientras el Gobierno nacional propone que determinadas inversiones ferroviarias dependan de las decisiones del futuro concesionario, Salta reclama que la rehabilitación de los ramales C14 y C15 sea una obligación contractual. La diferencia es importante porque una obra optativa puede quedar sin ejecutarse durante la concesión.
Sáenz sostuvo que el reclamo no responde a una disputa partidaria, sino a la necesidad de mejorar las condiciones de transporte de la producción regional. El mandatario aseguró que los costos logísticos perjudican la competitividad de las empresas del norte y cuestionó que la infraestructura ferroviaria continúe dependiendo de decisiones tomadas desde Buenos Aires.
La Nación anunció una convocatoria a empresas mineras y operadores logísticos para evaluar inversiones privadas en los corredores ferroviarios. Sin embargo, esa iniciativa todavía no equivale a incorporar las obras como obligatorias en los pliegos. El gobernador anticipó nuevas conversaciones con funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La discusión también tiene una dimensión política. Los legisladores libertarios representan a Salta en el Congreso, pero integran el espacio que conduce el Presidente. El reclamo de Sáenz plantea una tensión entre el respaldo a las decisiones nacionales y la defensa de obras consideradas prioritarias por sectores productivos provinciales. La ausencia de pronunciamientos públicos de varios representantes quedó así en el centro del cuestionamiento del gobernador.
El mandatario también advirtió que el Gobierno nacional no debería atribuirse una eventual modificación de los pliegos sin reconocer las gestiones provinciales. Sáenz reivindicó el acompañamiento de cámaras empresarias y de los legisladores que respaldaron su posición. Para el gobernador, la recuperación ferroviaria debe quedar garantizada antes de adjudicar una concesión que comprometerá el funcionamiento de la red durante medio siglo.
Por ahora, el conflicto continúa abierto. La Nación manifestó disposición a buscar inversiones, pero Salta insiste en que las obras no pueden quedar libradas a la voluntad de las empresas. Mientras avanzan las negociaciones, la discusión política sigue concentrada en los legisladores libertarios cuestionados por Sáenz y en una pregunta concreta: si acompañarán públicamente el pedido de modificar los pliegos o mantendrán su respaldo a las condiciones impulsadas por el Gobierno nacional.
