(SALTA).- La Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución de Atta Miguel Gerala, exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), y lo condenó por su responsabilidad en el robo y contrabando de rieles ferroviarios pertenecientes al ramal C-25 del Ferrocarril General Belgrano. Con la resolución de Casación, la absolución quedó revocada y los jueces de primera instancia deberán establecer la pena correspondiente, de acuerdo con los términos del fallo del tribunal superior.
La decisión modificó el fallo que había dictado en abril de 2026 el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, que había absuelto al exjefe comunal en una causa vinculada con el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria y la posterior salida ilegal del material. En aquel momento, los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Gabriela Catalano argumentaron que las herramientas secuestradas en su taller no coincidían en marca y color con las utilizadas en las vías. Asimismo, dijeron que la camioneta Toyota Hilux de su propiedad era usada habitualmente por su hijo sin que se acreditara el conocimiento del padre.
Giro en la causa
El fiscal general Raúl Pleé y los representantes de la fiscalía de Salta impugnaron la absolución de Gerala por considerarla arbitraria. De este modo, la mayoría de la Cámara de Casación determinó que el exintendente realizó un aporte consciente y necesario para la sustracción de los bienes públicos.
Además, consideraron que el desmantelamiento del ramal ferroviario se extendió por ocho meses, a plena luz del día. Durante el ilícito, se comprobó la utilización de mano de obra de comunidades originarias locales, que eran trasladadas en el vehículo particular del funcionario, y elementos incriminatorios en su vivienda, como 15 rieles y herramientas utilizadas para el corte de metales.
La resolución de Casación representa un cambio sustancial en la situación judicial de Gerala, quien había obtenido la absolución en primera instancia. Ahora se lo señala como partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería, triplemente agravado por la cantidad de personas, su condición de funcionario público y el valor de los bienes (valuados en más de 558 millones de pesos), en concurso real con robo agravado cometido en despoblado y en banda.
