(SALTA).- La Corte de Justicia de Salta fijó en $196.151.878.998,83 su proyecto de presupuesto para 2027, con una previsión de reconversión de cargos destinada a incorporar 12 magistrados. La propuesta fue establecida mediante la Acordada 14.769, firmada el 13 de octubre y publicada este lunes en el Boletín Oficial, y será remitida al Poder Ejecutivo y a la Legislatura.
El componente principal corresponde a gastos en personal: $173.486.537.063,75, equivalentes al 88,45% del total. El proyecto también contempla $7.224 millones para servicios, $1.092 millones para bienes de consumo y $14.348 millones para bienes de uso. Dentro de este último rubro se incluyen las obras, el equipamiento y los activos intangibles.
El anexo distribuye los 12 cargos de magistrados entre seis juzgados de Garantías del Distrito Centro, dos cargos en Orán, tres en Tartagal y uno en Metán. La planificación comprende funciones de ejecución y detenidos, justicia penal juvenil y de garantías y un juzgado civil y comercial en Tartagal.
La reconversión de vacantes y el peso de los salarios
La Corte sostiene que las incorporaciones se financiarán mediante la readecuación y compensación de vacantes de distintos escalafones. El esquema parte de una planta inicial de 2.753 cargos, sujeta a una reducción posterior por la reconversión. El cuadro de personal consigna que no se solicita un refuerzo de cargos para el próximo ejercicio.
El fundamento institucional es la expansión de las oficinas judiciales y de las estructuras compartidas entre jueces. Según la acordada, estas dependencias concentran tareas administrativas, agendas, notificaciones y atención al público. El tribunal plantea que ese funcionamiento permite sumar magistrados utilizando personal, salas e infraestructura existentes, sin aumentar la masa salarial global.
En infraestructura, el proyecto reserva $9.929.970.120,48 para obras y otros $3.468 millones para maquinaria y equipos. Entre las prioridades aparecen la adaptación de espacios al modelo de oficinas judiciales, las salas para juicios por jurados y la accesibilidad en los distritos. También incluye la ampliación del centro de procesamiento de datos y el refuerzo de la seguridad informática.
La propuesta incorpora, además, un pedido de autorización para reinvertir $923 millones de recursos propios estimados, provenientes de depósitos judiciales, cursos de la Escuela de la Magistratura y el Fondo de Justicia. Con el proyecto elevado a los otros poderes, la discusión quedará centrada en el financiamiento del servicio judicial y en la ejecución de una reorganización que busca ampliar la capacidad de resolución mediante la transformación de su estructura actual.
