(SALTA) – (Por Diego Nofal).- El gobernador Gustavo Sáenz formalizó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y la Dirección General de Aduanas un pedido para revisar los cambios en el régimen de tráfico fronterizo de exportación que afectan de manera directa a Aguas Blancas y Salvador Mazza. La resolución 5910/2026, que comenzó a regir el 10 de octubre, limita las ventas argentinas a 150 dólares diarios por persona y generó un conflicto inmediato en la frontera norte salteña. El reclamo del mandatario provincial no es un gesto aislado, sino la respuesta institucional a un malestar económico que ya se expresa en acciones judiciales.
El gobernador Gustavo Sáenz planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control vigentes sin afectar el comercio que se desarrolla de forma legal en la zona de frontera. Esa formulación busca diferenciar entre la legítima preocupación por el contrabando y el perjuicio concreto que la nueva normativa inflige a comerciantes que dependen del intercambio cotidiano con Bolivia. La posición oficial no niega la necesidad de controles, pero exige que esos controles no destruyan la actividad económica formal de localidades enteras.
La norma establecida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero impacta particularmente en Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde una parte significativa de la actividad económica depende del intercambio comercial con Bolivia. El límite de 150 dólares diarios por persona reduce el margen de operación de comercios minoristas y mayoristas que abastecen a compradores bolivianos. La frontera no es un territorio abstracto para la economía salteña, sino un espacio donde miles de familias obtienen su sustento diario.
Acción de amparo
Actualmente se presentó una acción de amparo con pedido de medida cautelar de no innovar y efecto suspensivo para frenar la aplicación de la resolución. Esa vía judicial complementa el reclamo del gobernador Gustavo Sáenz y demuestra que el conflicto escaló más allá de la protesta sectorial. La decisión de judicializar la norma revela la gravedad que los actores locales le asignan al impacto económico de la medida.
El respaldo de comerciantes y empresarios a la revisión de la normativa también se expresó públicamente y exigió una reconsideración de las nuevas condiciones. Esa convergencia entre autoridades provinciales, municipales y sectores productivos le otorga al reclamo una legitimidad difícil de ignorar por parte del Gobierno nacional. La unidad de diagnóstico en la frontera norte contrasta con la dispersión que suelen mostrar otros conflictos provinciales.
El gobernador Gustavo Sáenz consiguió instalar el tema en la agenda nacional a través de un pedido directo a las autoridades competentes, sin recurrir a gestos estridentes pero sin abandonar la firmeza. La estrategia elegida combina gestión institucional con una defensa concreta de los intereses salteños en un territorio históricamente postergado. La resolución del conflicto depende ahora de la capacidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para corregir el rumbo sin desmantelar los controles.
La frontera salteña con Bolivia enfrenta un dilema que excede a una resolución administrativa, porque allí conviven la necesidad de control aduanero y la dependencia económica del comercio legal. El reclamo de Gustavo Sáenz por Aguas Blancas y Salvador Mazza pone el foco en esa tensión y obliga al Gobierno nacional a definir si prioriza la persecución del delito o la supervivencia de economías regionales que no tienen otra fuente de ingresos. La respuesta que se dé marcará un precedente para todas las zonas de frontera del país.
