(SALTA).- El Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo esquema de concesiones viales que incorporará dos estaciones de peaje en Salta, mientras las obras de mayor envergadura sobre las rutas nacionales 9 y 34 podrán ejecutarse durante los próximos cinco años. La decisión abre una controversia sobre los tiempos de inversión y recaudación: los nuevos puestos de cobro podrían comenzar a funcionar dentro del primer año, aunque la recuperación de la infraestructura tendrá plazos considerablemente más extensos.
La empresa Autovía del NOA (AUNOA), que asumió la administración del corredor el pasado 7 de octubre, confirmó que las nuevas estaciones estarán ubicadas en Metán y en el ingreso a Salta capital. Ambas se sumarán al peaje de Cabeza de Buey, actualmente en funcionamiento. La concesionaria aclaró que las nuevas instalaciones todavía no están habilitadas y que su puesta en marcha dependerá del cumplimiento de las obras iniciales exigidas contractualmente.
El contrato adjudicado por el Gobierno nacional contempla una concesión de veinte años sobre distintos tramos de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. La empresa dispone de doce meses para completar la puesta en valor inicial del corredor, mientras que las obras obligatorias de mayor envergadura deberán desarrollarse durante los primeros cinco años. La diferencia entre ambos plazos constituye uno de los principales puntos de discusión.
La concesionaria informó que actualmente mantiene siete equipos de trabajo distribuidos en distintos sectores del corredor, entre ellos Metán, Cabeza de Buey, Torzalito y el acceso a Salta. Las tareas incluyen bacheo, reparación de deformaciones de la calzada, acondicionamiento de banquinas, señalización y colocación de elementos de seguridad. Sin embargo, la propia empresa reconoció que existen sectores cuyo deterioro requiere intervenciones mucho más profundas que las reparaciones iniciales.
Los peajes avanzan mientras persisten los reclamos por las rutas
Uno de los sectores más comprometidos se encuentra entre Metán y Rosario de la Frontera, donde el deterioro de la calzada provoca dificultades para la circulación de automóviles, colectivos y transportes de carga. El representante de la concesionaria, Mariano Bradanini, reconoció públicamente que llegó a demorar una hora y media para recorrer apenas catorce kilómetros. La situación expone las condiciones en las que circulan diariamente quienes utilizan uno de los principales corredores productivos del norte argentino.
La controversia también llegó a la Legislatura provincial. El diputado Rodrigo García reclamó información sobre el contrato de concesión, los compromisos de inversión y las condiciones que habilitan el cobro de las tarifas. El legislador cuestionó que la recaudación avance mientras todavía existen importantes reparaciones pendientes y pidió precisiones sobre la ubicación de las nuevas estaciones. También planteó interrogantes sobre la posibilidad de que los conductores deban afrontar varios peajes durante un mismo recorrido.
Otro punto de discusión es el sistema de pago. La nueva operadora impulsa el uso de TelePASE y medios electrónicos, mientras que las modalidades manuales electrónicas pueden resultar más costosas. La empresa también deberá precisar cómo funcionará el mecanismo destinado a evitar cobros sucesivos entre estaciones cercanas. La cuestión adquiere especial importancia para los habitantes del interior provincial que viajan regularmente hacia Salta capital por motivos laborales, educativos, comerciales o sanitarios.
Desde la concesionaria sostienen que el esquema de recaudación y los plazos de inversión fueron establecidos en las condiciones de la licitación nacional. También aseguran que la habilitación de las nuevas estaciones y la aplicación de determinadas tarifas estarán sujetas a avances verificables en la recuperación vial. Por lo tanto, la existencia de plazos diferentes para los peajes y las obras no implica, por sí misma, un incumplimiento contractual. La discusión se concentra en las condiciones aceptadas por el Estado nacional y en los beneficios concretos que recibirán los usuarios.
El nuevo sistema coloca al Gobierno de Javier Milei frente a un interrogante sobre su política de infraestructura. La administración nacional apuesta a las concesiones privadas para recuperar rutas deterioradas, pero los conductores deberán contribuir a financiar ese esquema mientras una parte sustancial de las mejoras permanece pendiente. En Salta, donde el estado de las rutas 9 y 34 constituye un reclamo persistente, la cuestión ya no pasa solamente por conocer cuánto costarán los nuevos peajes, sino por establecer cuándo estarán terminadas las obras comprometidas y qué garantías tendrán los usuarios de que esos plazos efectivamente se cumplirán.
