(SALTA) – (Por Diego Nofal).- Organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Consultivo de Discapacidad de Salta reclamaron a los legisladores nacionales la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advirtiendo que su finalización pondría en riesgo la continuidad de programas esenciales de asistencia. El documento lleva la firma de referentes de asociaciones como Colibrí, ALSA, Prader Willi, Espectro Salta y la Fundación Casa T.E.A, entre otras entidades que trabajan cotidianamente con los sectores más vulnerables. El reclamo es urgente y legítimo, pero también expone la ausencia de una política provincial que garantice los derechos de las personas con discapacidad más allá de la vigencia de una ley nacional.
La Ley 27.793 establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderla por un año más. El oficialismo nacional impulsa un proyecto que elimina el carácter de emergencia y transitoriedad y lo reemplaza por un sistema permanente, pero las organizaciones salteñas advierten que ese cambio podría comprometer procesos clave que aún se encuentran en ejecución. La provincia de Salta tiene una responsabilidad directa en la materia y no puede limitarse a esperar que el Congreso resuelva el futuro de los programas que sostienen a miles de familias salteñas.
El gobierno provincial sostiene que mantiene la asistencia a instituciones que trabajan con personas con discapacidad y que cubre servicios básicos como luz y agua en establecimientos como HIRPACE. Esa asistencia es valiosa y debe ser reconocida, pero no reemplaza una política integral que aborde la emergencia con recursos propios y con una perspectiva de derechos. La prórroga de la ley nacional es necesaria, pero la provincia debería tener un plan de contingencia que garantice la continuidad de los servicios en caso de que la prórroga no se concrete. La sociedad salteña necesita saber cuál es ese plan y cómo se financiará.
Las organizaciones que firmaron el documento conocen de cerca las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, y su reclamo merece una respuesta concreta por parte de los legisladores nacionales que representan a Salta. El diputado salteño Bernardo Biella y otros legisladores tienen la responsabilidad de defender la prórroga y de garantizar que los recursos lleguen a las instituciones que verdaderamente los necesitan. La política de discapacidad no puede seguir siendo una materia pendiente que se resuelve con declaraciones de emergencia y con prórrogas que llegan sobre el final de los plazos.
El gobierno provincial tiene la oportunidad de convertir este reclamo en una política de Estado y de demostrar que la asistencia a los sectores vulnerables no depende exclusivamente de la voluntad del gobierno nacional. La prórroga de la Ley de Emergencia es un paso necesario, pero no suficiente. Salta necesita una conducción que garantice los derechos de las personas con discapacidad con recursos, con programas y con una institucionalidad que trascienda los cambios de gobierno y las urgencias legislativas.
