(SALTA).- (Por Diego Nofal).- El presidente de la Auditoría General, Miguel Nanni, anticipó que impulsará auditorías integrales sobre los ministerios de Salta con una modalidad que nunca se aplicó y que algunas dependencias llevan entre cinco y diez años sin fiscalización.
La confesión pública de Nanni confirma una debilidad institucional preocupante porque el control del gasto público debería ser permanente y no una reacción tardía ante sospechas o denuncias periodísticas. Miguel Nanni anunció la incorporación de digitalización e inteligencia artificial para ampliar el alcance de los controles, aunque la tecnología no reemplaza la decisión política de auditar a fondo las áreas más sensibles del Estado provincial.
La Auditoría General de Salta debería publicar un calendario de auditorías y los resultados preliminares para que la ciudadanía conozca qué ministerios están bajo examen y cuáles siguen sin control. La crítica tranquila a la gestión provincial no supone desconfiar de todos los funcionarios, pero sí exige explicaciones sobre por qué se acumularon años sin auditorías en áreas que manejan presupuestos millonarios y contrataciones directas.
El Gobierno de Salta debe garantizar que la Auditoría General tenga autonomía real, personal capacitado y acceso irrestricto a la información de cada repartición para que sus informes no queden en cajones. Los ministerios de Salta tienen la obligación de rendir cuentas con la misma velocidad con la que ejecutan gastos y de explicar cada desvío presupuestario con documentación verificable y plazos ciertos.
Miguel Nanni asumió la conducción de la Auditoría General y ahora debe demostrar que su anuncio de auditorías integrales se traduce en informes concretos y no en una nueva promesa de modernización sin resultados. La sociedad salteña necesita saber cuánto se gasta en cada ministerio y qué resultados se obtienen con ese dinero, porque la transparencia es una condición básica para mejorar la calidad de las políticas públicas.
La Auditoría General no puede limitarse a revisar papeles del pasado y debe involucrarse en el seguimiento de los contratos vigentes y de las obras que la provincia ejecuta con financiamiento nacional o internacional.
Los salteños merecen un sistema de control que funcione todos los días y que no dependa de la voluntad ocasional de un funcionario o de la presión de los medios de comunicación. La crítica serena a la Auditoría General y al Gobierno provincial consiste en reclamar controles previos y posteriores con resultados públicos, porque el dinero de los impuestos exige una rendición de cuentas efectiva y constante.
